La Federación de Caza de Castilla y León muestra su indignación con la denegación de los permisos para el control de las poblaciones de jabalí y ungulados y anuncia su disposición "a asesorar a todos los perjudicados en la presentación de reclamaciones patrimoniales contra la Junta de Castilla y León, y si es necesario también en la vía judicial".
La Federación recalca que "no descartamos la vía penal para denunciar las conductas arbitrarias de los funcionarios en cuanto tengamos pruebas fehacientes de una actuación parcial". Y es que para la Federación de Caza los "Reinos de Taifas" sirven perfectamente para definir la gestión que de la cuestión medioambiental y en concreto de la gestión cinegética que realizan los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Junta de Castilla". Subraya que "es una reivindicación histórica de la Federación ante la Consejería de Medio Ambiente, y en concreto ante la Dirección General del Medio Natural, que se establezcan directrices comunes para que en los Servicios Territoriales de las provincias y ante la misma situación y circunstancias, se dicte la misma resolución". Expone en una nota de prensa que "el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, tiene la obligación de dejar de lado su opinión y gustos personales como ciudadano y hacer primar la Ley, evitando siempre interpretaciones forzadas o arbitrarias de la norma". Para la Federación de Caza "lamentablemente, en la gestión cinegética algunos funcionarios se ponen el disfraz de animalista radical y aplican e interpretan la norma con una discrecionalidad que en algún caso abochorna". Según precisa, "un jefe de sección de caza, un técnico de medio ambiente, e incluso un agente medioambiental, solos o en combinación, son suficientes para boicotear cualquier autorización o permiso que se solicite para algo tan normal como un control de especies por daños a la agricultura o a la fauna".
"Facultad omnímoda"
Añade que "la facultad omnímoda que la norma otorga al técnico responsable de informar sobre los permisos de caza y también de retrasar sin motivo alguno este informe posibilita, según las inclinaciones más o menos anticaza del funcionario, la manipulación del expediente desde la base". Indica que "se están produciendo denegaciones sistemáticas en algunas provincias y, en concreto en Zamora, de solicitudes de permisos para el control de las poblaciones de jabalí y ungulados por daños a la agricultura. Son especies en clara progresión que además de estos daños económicos provocan accidentes en las carreteras, que parece que algunos funcionarios quieren contribuir a generar.
