La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) pide la retirada del proyecto de Reglamento de Pesca de Castilla y León por estar en total desacuerdo con la figura de vigilantes voluntarios, adscritos a las asociaciones de pesca.

El secretario general de FeSP, de Zamora, Francisco Estravís, destaca que "una vez más se acude a una figura mal empleada de voluntariado para cubrir labores que corresponde a profesionales y que deben estar además investidos de autoridad pública".

Estravís asegura que "se está malempleado la figura del voluntariado en algunos ámbitos de la Administración porque, siendo el voluntariado una figura encomiable y deseable, cuando se utiliza de este modo lo que se consigue es un deterioro del empleado público y de la función pública porque se produce una falsa sustitución, al no estar investido de autoridad dan una apariencia de cobertura de servicio que no se produce realmente y que redunda en que no crezcan la plantillas de funcionario y se crea una especie de subempleo en precario". Expresa, además, que "este presunto voluntariado encubre un empleo basura de personal mal formado, mal subvencionado, mal pagado y que está fuera de lo que corresponde en la función pública".

En su criterio "es una pérdida fundamental de garantías constitucionales para estos trabajadores, que no cubren los principios fundamentales de publicidad, independencia, oportunidad que debe cubrir la contratación y sus decisiones pueden ser de carácter parcial y sesgado".

"Acudir para cubrir empleo público al voluntariado es un error garrafal que rechazamos absolutamente" remacha Estravís.

El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Zamora, Lorenzo Ferrero, califica esta vigilancia por parte de los pescadores como "un atropello que la Administración quiere perpetrar contra sus propios empleados". Subraya que "se atribuyan competencias de vigilancia de masas de agua a las sociedades de pesca es poco menos que una ocurrencia". En España, dice, "los cauces de agua son públicos y el acceso a las aguas que corren son públicas y nadie puede poner impedimentos a circular por riberas, arroyos o ríos, la competencia es del Estado".

Este carácter público de las masas de agua implica, para Ferrero, "que la vigilancia deben realizarla empleados públicos, que garantizan una vigilancia y una labor de control y policía". Señala que con el voluntariado pueden darse "situaciones de indefensión y de abuso que ahora son imposibles. Una sociedad de pesca puede crear su propio cortijo y, llegado el momento, tocar las narices a quien no es del colectivo, a quien pasaba por allí?".

El agente medioambiental sostiene que "no se puede extrapolar la gestión que realizan en los cotos privados de caza, con supervisión de los agentes medioambientales, a las masas de agua, donde la función la realizan con mucho celo y rigor los agentes medioambientales". "Esta figura de vigilante es anacrónica y denunciamos la carencia de medios humanos y materiales". "La plantilla de Zamora está al 75% y en cinco años se reducirá un 20% por las jubilaciones". Teodoro Iglesias, agente medioambiental de Aliste, respalda estas afirmaciones en un acto en la que también estuvo presente la secretaria del sector autonómica, Visitación Peral.