"No me han comunicado ninguna orden de cierre de la farmacia, por lo que seguirá abierta" confirmó ayer la titular del establecimiento de el Puente de Sanabria, María Dolores Ferriol. Asimismo, rechazó las acusaciones del delegado de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro, tras las actuaciones administrativas llevadas a cabo en la botica.

La Junta habría decretado el cierre y la suspensión de actividad de forma cautelar tras el hallazgo de deficiencias que no se han subsanado y que podrían constituir un delito contra la salud pública.

Ferriol asegura que hasta el momento "la Junta no se ha puesto en contacto conmigo", aunque si reconoce que cuanta con dos expedientes en trámite. Explica que "quiero acabar con la alarma social generada en el pueblo, por lo que la farmacia seguirá abierta, pese a quien pese por qué no hay delito".

La titular asegura ante todas las afirmaciones realizadas en estos días que "tengo que defenderme, porque no me han dado lugar. Es mentira todo lo que dice la Junta, lo único verdadero es que vivo en Valencia. Tiene en su poder toda la documentación exigida, así que no veo por qué el delegado dice lo dice".

Dolores Ferriol reiteró ayer su intención de emprender acciones legales por las acusaciones formuladas desde la Delegación zamorana y por los daños y perjuicios que toda esta situación está provocando en su negocio.

La farmacéutica asevera que "asumo los dos expedientes abiertos y he contestado a todos ellos a través de mis abogados", a la vez que vuelve a criticar con dureza los métodos utilizados en la inspección de su establecimiento "no era una inspección de Sanidad era como si estuvieran haciendo un saqueo". La intervención de los responsables de Sanidad se prolongó desde las 10 de la mañana hasta las nueve de la noche, "la inspección la llevaron a cabo por personas de Sanidad, acompañadas por dos policías judiciales y para realizar una inspección se necesita una orden. Además, pretenden amedrentar a mi sustituta para que se vaya".

Respecto a las causas últimas que han provocado esta situación, Ferriol apunta a "una persona que quiere la farmacia. Si la quiere yo se la vendo, que me la compre por un millón ochocientos mil euros" y acusa al presidente del Colegio de Farmacéuticos de "evitar que yo la tenga abierta al público dando servicio durante doce horas".

Durante su intervención ante los medios de comunicación el viernes, Alberto Castro, delegado de la Junta de Castilla y León, no profundizó en qué tipo de indicios se han recabado durante la inspección. De la actuación realizada el pasado jueves en la botica ha trascendido que se revisó numerosa documentación de entrada y salida, pedidos, albaranes, proveedores, recetas, el registro de psicotrópicos, además de las existencias de medicamentos en los dispensadores y posibles exportaciones de fármacos.

Castro explicó que después de las múltiples inspecciones "se les advirtió sobre determinadas irregularidades" que no se subsanaron y raíz de esas inspecciones se ha propuesto "el cierre cautelar" y se ha dado "traslado a la Fiscalía ante indicios de posibles irregularidades" en materia de salud pública.