La discrepancia sobre el esclarecimiento de más de 300.000 euros aportados por el Gobierno central y la Junta de Castilla y León a la restauración de viviendas de la villa de Fermoselle, acogidas al Plan de Rehabilitación Integral del Casco Urbano, cuyo destino se desconoce, así como los pormenores sobre el pago a los afectados, volvió a crispar el desarrollo de la sesión plenaria del Ayuntamiento hasta el punto de que el alcalde, el popular Alejandro Fermoselle Berdión, terminó por expulsar a tres de los siete representantes sentados en la mesa. Sin embargo, al permanecer en sus asientos, el regidor optó por suspender el pleno, celebrado el miércoles.
La Alcaldía asegura que la expulsión se debió "al desacato a la autoridad", y añade que también "se desobedeció al policía municipal" al que recurrió Alejandro Fermoselle ante el desplante de los ediles.
Los expulsados, la socialista Susana Hernández, el representante de Adeiza y tesorero municipal Miguel Ángel Prieto, y el edil no adscrito Julio Vaquero justifican su decisión en que el propio alcalde "carece de autoridad al incumplir la Ley". Hacen referencia a que dio validez a un asunto ya tratado por el Pleno pero no a otro, relativo al ARI. Más inciden en calificar de ilegalidad no someter a debate y votación las mociones llevadas a Pleno. "No deja votar, no quiere que se vote. El dinero vino al pueblo y está tapando su desaparición" expresa el expulsado Miguel Ángel Prieto. "Esto es un órgano colegiado y hay que apreciar la urgencia y considerar a los concejales, con su voz y con su voto", señaló el otro expulsado Julio Vaquero.
Como en la sesión anterior, existió una firme discrepancia en lo tocante al ARI, pues la oposición quiere someter a la aprobación del Pleno el acuerdo alcanzado con afectados del Plan de Rehabilitación según el cual, el Ayuntamiento pagaría "2.000 euros o más, si es posible, a repartir a partes iguales entre los afectados". También se decidió que la Secretaría elaborara un informe completo del ARI (entrada de subvenciones, aportaciones del Ayuntamiento, certificaciones?) y facilitar un abogado para que los afectados por los impagos puedan reclamar el dinero. "Una copia se remitiría a la Junta de Castilla y León y otra la Fiscalía para la posible investigación". Susana Hernández abundó ayer al indicar que "está prohibido el desvío de una subvención que viene destinada a un fin y a una persona concreta, tras la pertinente certificación".
La Alcaldía no consideró la urgencia de la moción, reiterando que existe un acuerdo plenario de 28 de febrero de pagar 1.000 o 2.000 euros todos los meses, y por entender que la moción no estaba justificada.
Los expulsados afirman que la Alcaldía suspendió el pleno tras llamar por teléfono la edil popular y consultarlo, en una salida momentánea de la sala. "Pasó una nota escrita" afirman. Alejandro Fermoselle niega que nadie le indicara la forma de proceder.
