El Fiscal Jefe de Zamora ha dado trasladado de las diligencias de investigación Penal al Juzgado de Puebla de Sanabria, por un presunto delito de "prevaricación administrativa" cometido supuestamente por el alcalde de Rosinos de la Requejada, Ángel Prada, y la secretaria de la corporación, familiar directo. Los hechos investigados se centraron en la ocupación simultánea de sendas plazas en los Ayuntamientos de Rosinos de la Requejada (en agrupación con Palacios de Sanabria) y Galende.
El decreto dictado por el Ministerio Público, con fecha 12 de mayo, ha sido notificado a las partes y remitido esta semana al Juzgado de Instrucción de Puebla para la apertura de Diligencias Previas. La Fiscalía alega que los hecho recogidos en el procedimiento pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, del que son en principio responsables el alcalde y su hija.
La Fiscalía de Zamora recibió el pasado 4 de marzo una denuncia remitida por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas desde Madrid donde se recogió la comparecencia de un testigo que aportó su testimonio y diversa documentación sobre la instrucción del expediente administrativo disciplinario por falta muy grave de la funcionaria, incoado por el Ayuntamiento de Galende.
La denuncia recogida por la Fiscalía de Cuentas ponía de manifiesto que por parte del Ayuntamiento de Galende y de la Agrupación de municipios de Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria "se había permitido la ocupación incompatible entre los años 2005 y 2011 del cargo de personal laboral en la corporación de Galende y de funcionaria interina con Secretaria-Interventora en la agrupación de municipios".
Hechos que el fiscal Jefe describe "en vulneración flagrante de la legalidad establecida, pudiendo ser los hechos constitutivos de un delito de prevariación administrativa" tipificados en el Código Penal.
La Fiscalía reseña que igualmente se ha podido determinar la relación de parentesco entre el alcalde de la Agrupación y la secretaria interina. Pese a la apertura del expediente administrativo disciplinario sancionador, la Fiscalía indica que no consta en el momento actual la interposición de sanción alguna contra la persona expedientada "quien era conocedora por las bases del concurso de las incompatibilidades que regían para el puesto de trabajo ofertado".
Tras examinar la documentación remitida por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Zamora decretó la incoación de Diligencias Informativas de investigación penal. El Ministerio Público ha dado traslado a la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil para que se comisione en los Ayuntamientos de Galende y Rosinos de la Requejada que ha aportado a la causa los expedientes que obran en ambas alcaldías. Estos expedientes reflejan el proceso de contratación y procedimiento administrativo sancionador seguidos contra la denunciada. Tras examinar esa documentación la Fiscalía deduce en consonancia con el expediente "la existencia de un delito de prevaricación administrativa".
El Código Penal tipifica que aquella autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, nombre para un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos se le impondrán las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo de seis meses a dos años. La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.
