Qué competencias quedarán reservadas a los ayuntamientos, cómo seguirán financiándose para sacar adelante la gestión municipal, qué actuales o nuevos servicios deberán costear, qué autonomía mantendrá cada uno de los consistorios son interrogantes que pesan en la cabeza de los alcaldes tras haber concluido ayer, en Venialbo, las reuniones informativas llevadas a cabo por toda la provincia de Zamora para explicar el nuevo modelo territorial que propone la Junta de Castilla y León.

Una misión afrontada, personalmente, por el delegado Territorial, Alberto Castro, que ha querido dar participación a los alcaldes para que nutran con sus sugerencias el borrador de Ley que recogerá el marco jurídico competencial.

Sin documento alguno al que agarrarse para saber a qué atenerse, el deseo previo de los alcaldes es que el nuevo mapa no suponga «que se vaya la harina en bollos».

A la reunión de ayer fueron convocados los representantes de 56 municipios de la zona de Toro y la Guareña, que representan a 36.036 personas. Alberto Castro abrió el encuentro recordando a los presentes antiguas absorciones de ayuntamientos, destacando que la crisis «no es culpa de los municipios», la existencia de competencias «duplicadas» y despejando, desde el inicio, que la nueva ordenación no supondrá «la supresión de ningún ayuntamiento».

El delegado territorial se esforzó en convencer a los mandatarios que «la unidad es la única manera de mirar hacia el futuro, que los ayuntamientos que no estén unidos no podrán prestar servicios porque no podrán pagar y que el objetivo es buscar un territorio con un ámbito de acción cercano para que los costes sean baratos». Para Castro, «los ciudadanos exigen servicios de calidad, los servicios cuestan dinero y, uniéndose los alcaldes, puede llegarse a un abaratamiento de los mismos». En frase típica, «la unión hace la fuerza» dijo.

Reiteró en que la integración en los distritos de interés comunitario «es voluntaria», y dejó claro que los ciudadanos deben colaborar en financiar, a través de tasas, los servicios básicos que consumen como, por ejemplo, el agua.

Los alcaldes escucharon con interés la exposición introductoria sobre el nuevo modelo territorial perfilado por Alberto Castro, pero una vez abierto el turno de intervenciones, entraron rápidamente al asunto. Félix Roncero, de Peleas de Abajo, señaló que si se eliminan servicios munici pales y se trasladan a otro ente superior «se generarán gastos a los ciudadanos». Habló de que «la realidad es que los pueblos van a menos, incluida Zamora capital, porque en el medio rural nadie invierte». En su criterio «hay que ir a una Ley estatal, para todos los españoles», y sugirió «poner más fiscalidad a los que se instalan en las grandes ciudades y que repercuta en la instalación en el medio rural».

Castro apuntó que «la gente vive donde quiere», y defendió que «se lleva años favoreciendo desde la Junta la instalación de empresas en el medio rural». Expresó, además, la posición «de informar a favor las iniciativas que se toman en los pueblos por parte de la Comisión de Urbanismo o Patrimonio».

El delegado insistió en que «la agrupación de ayuntamientos puede abaratar los costes de la contrata de los mantenimientos», y recalcó el interés de aplicar «unas reglas de juego para todos igual», apuntando, al respecto, que «hoy día hay un auténtico galimatías por las diferencias de estatutos de las distintas mancomunidades». Uno de los fines es que la gente sepa a dónde llamar para resolver los asuntos y no andar tocando por diferentes puertas.

El alcalde de Cazurra, Juan Carlos Casas, manifestó que lo que hacen falta «son personas eficaces», y dijo «tener claro que no puedo gastar más de lo que tengo». Preguntó hacia dónde se quiere llevar a los ayuntamientos, y achacó la deuda al resto de las administraciones, «pero no a los pueblos». «¡Que paguen la deuda quienes la haya creado!» exclamó, y se llevó los primeros y únicos aplausos arrancados en la sala de Venialbo.

Castro reincidió en que ahora «es tiempo de cuestionarse las competencias del presente, pensando en el futuro».

El alcalde de Arcenillas, Natalio Gutiérrez, defendió las mancomunidades «como lo mejor que puede existir», y calificó «de bandazos» el buscar nuevas agrupaciones que, de momento, no están definidas. «Creo que poco más se puede hacer de lo que ya tenemos» dijo. Castro aludió a las nuevas y muchas competencias que surgen y que hace años eran impensables, como servicio a domicilio, bomberos, guarderías, consultorios...

La alcaldesa de Villalazán, Isabel Perero, afirmó «no tener base alguna para decir si gusta o no» el nuevo mapa, y quiso saber qué competencias quedarán a cada administración, qué capacidad de gestión y qué financiación para poder dar un criterio. El delegado Territorial aseguró que no se creará «otro peldaño» de administración y reiteró lo de «buscar una unidad competencial y que todos tengan los mismos servicios».

El alcalde de El Cubo del Vino, Juan Ramón García habló de un planteamiento demasiado generalista que solo da pie a especular sobre lo que se quiere.

El regidor de Moraleja del Vino, Guillermo Freire, expresó su preocupación por la distribución de las competencias, y reparó en los importantes gastos que asumen los ayuntamientos por aspectos de educación, sanidad, aguas y residuos que deberían correr a cargo de otras administraciones.

Castro señaló que la Administración «hará inversión en instalaciones», pero afirmó que «el mantenimiento deberán pagarlo los vecinos».

Luis Segovia, alcalde de Morales de Toro, propuso que la Junta de Castilla y León «absorbiera a las mancomunidades y se acabó el problema». Según dijo, «los ayuntamientos tenemos las competencias de pagar y no cobrar».

El alcalde de Morales del Vino, José María Barrios, hablando como vicepresidente de la Diputación provincial de Zamora, justificó que «parte de la deuda de la Institución está invertida en los pueblos». De este modo quiso aplacar la sensación un tanto general de que el medio rural no tiene nada que ver la deuda que conlleva la crisis, a la que se agarran algunos para dar solución a todo».

Con esta última cita, el máximo representante de la Junta en la provincia se ha reunido ya con representantes de 247 municipios. Los encuentros se han celebrado en Alcañices (33), Benavente (56), Galende (28), Villalpando (50), Bermillo de Sayago (24) y ahora Venialbo (56).