Los grupos de las Cortes no llegaron ayer a un acuerdo para una reforma puntual del Estatuto de Autonomía destinada a limitar el aforamiento de los políticos en Castilla y León, ya que PP y Ciudadanos presentaron una propuesta limitada a los procuradores que PSOE y Podemos rechazaron al dejar fuera al presidente y los consejeros de la Junta.
La reunión celebrada ayer en las Cortes finalizó sin consenso y con un cruce de reproches entre los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios, ya que el Mixto (IU) no acudió al encuentro. Raúl de la Hoz (PP) y Luis Fuentes (Ciudadanos) expresaron "la tristeza y la decepción" por no avanzar en un "paso tan sencillo", mientras que José Francisco Martín (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos) calificaron la propuesta de "paripé" y criticaron que a ambos grupos no les "importe" una reforma más amplía del Estatuto en relación a los derechos sociales.
"Sorprendido y decepcionado" compareció ante la prensa Luis Fuentes, cuyo grupo impulsó la propuesta en su acuerdo con el PP para facilitar la aprobación de los presupuestos de 2018, quien se preguntó para qué sirven los 25 procuradores del Grupo Socialista y dudar de la regeneración de la "nueva izquierda", por Podemos, cuando han impedido "eliminar un privilegio de la clase política", que afectaría al 90 por ciento de los políticos.
Fuentes defendió que su grupo ha cumplido porque cuando planteó este asunto por primera vez ningún grupo estuvo a favor y ahora han conseguido "arrastrar" al PP, si bien reconoció que no ha querido avanzar más para eliminar todos los aforamientos. El portavoz naranja avanzó que en 2019 pedirá el voto de los "decepcionados" de PSOE y Podemos para poder aprobar lo no conseguido.
Por su parte, Raúl de la Hoz lamentó que no se haya podido firmar el texto planteado y calificó de "excusas" que PSOE y Podemos condicionen el acuerdo a que se incluya a los miembros del Ejecutivo, por lo que acusó a ambos de mantener un "lenguaje distinto" en función de sí están en el Gobierno, como en Extremadura, Aragón o Valencia, o en la oposición, como en Castilla y León.
El socialista José Francisco Martín y el morado Pablo Fernández coincidieron en que la eliminación de ese privilegio para los miembros de la Junta y su presidente es una condición indispensable para haber cerrado el acuerdo y en que no iban a "salvar la cara" con dicha propuesta limitada a quienes pueden pasar por las causas que investiga la justicia.
"Al PP y a Ciudadanos lo que menos les importa son los ciudadanos", recriminó Martín, en referencia a que no están interesados en una reforma más amplía para blindar un suelo social y mejorar la calidad de vida de la gente y los recursos de las entidades locales. "¿Qué miedo tiene Herrera y su Gobierno?", se preguntó el socialista, para considerar que "tienen pánico al paseíllo en los juzgados".
La limitación de los aforamientos de los procuradores con "ser importante, no es prioritario" esgrimió Pablo Fernández, quien se refirió a una reforma más amplía para recoger un suelo de gasto social y se mostró muy criticó con Ciudadanos. "Teledirigido por el PP quiere salvar la cara a Herrera. Para salvar la cara al presidente y su Gobierno, que no cuenten con nosotros", sentenció, convencido de un "derroche" de dinero en las Cortes, donde se refirió al "grotesco" pago de la dieta a los procuradores de PP y PSOE en la comisión de las cajas que "no quieren investigar".
