Los procuradores del Grupo Socialista abandonaron ayer sus escaños en el momento de la votación de la toma en consideración de su proposición de ley para la reforma de la ley electoral como protesta, al considerar que el popular Ángel Ibáñez les comparó con el mayor de los mossos, Josep Lluis Trapero, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Al final del debate el viceportavoz del Grupo Popular, Ángel Ibáñez, afirmó que el PSOE "está igual de legitimado para hablar de decencia, transparencia y ecuanimidad que el mayor Trapero de dignidad y Puigdemont para dar clases magistrales de derecho constitucional".

Tudanca pidió la palabra para que se retirara del diario de sesiones lo que consideró una comparación con ambos. Ibáñez volvió a leer lo que antes había dicho para cerrar su intervención al oponerse a la toma en consideración de la propuesta y la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, terció para afirmar que no se trataba de una comparación.

Los socialistas, que buscaban con la iniciativa "la mejor ley" de Publicidad Institucional, dejaron los escaños y la toma en consideración recibió el voto a favor solo de Podemos, Ciudadanos, IU y UPL, como habían anunciado, y en contra de los populares, por lo que el texto decae y no pasa el filtro para la tramitación parlamentaria.

Desde la objetividad y la transparencia defendió el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, cambios en la ley de Publicidad institucional de Castilla y León aprobada en 2009 y argumentó que la información solicitada por su grupo tanto en el plano de ayudas como de reparto de dinero no está en el Portal del Gobierno Abierto. Tudanca miró a Valencia y Navarra para indicar que todo lo que destinan y las facturas a la publicidad institucional se conoce y criticó la "opacidad" de la Junta, si bien reconoció el apoyo de su grupo a la ley de 2009 pero añadió que era un punto de partido y había que avanzar.

Parámetros objetivos para la distribución de los recursos a los medios conforme a la EGM y para que los contratos se adjudiquen en base a la libre concurrencia y no se discrimine a ningún medio por una cuestión ideológica, que se recupere la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional y que se presente el informe anual a las Cortes. "Alguien puede oponerse a esto", preguntó.

El popular Ángel Ibáñez recordó el alto grado de consenso en la aprobación de la ley de 2009 -incluido el Grupo Socialista-, el ámbito de la norma a los ayuntamientos y diputaciones y defendió que en 2014 se aprobaron unas directrices para evitar la discrecionalidad en la publicidad institucional, a las que se unieron sistemas de auditoría en la medición.