El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer la primera parte de la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente al año 2017 que contiene un total de 3.012 plazas de las que el 55 por ciento, 1.633, están dirigidas al sector de la Educación -1.533 para docentes y el resto a personal no docente en centros-. El otro 23 por ciento de las plazas serán para servicios sociales y el resto para otros sectores.
Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, "sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna, y de las medidas de discriminación positiva". La convocatoria de las plazas deberá publicarse en el correspondiente Boletín Oficial dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde la fecha de la publicación de esta oferta.
Según ha explicado la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, en una segunda parte se incluirá la oferta para Sanidad ya que se está pendiente de un acuerdo entre Estado y comunidades autónomas para determinar las especialidades que se convocarán.
Esas plazas de Sanidad supondrán duplicar la oferta inicial y con ello, en su conjunto, la oferta de 2017 alcanzará al menos la cifra de 6.000 plazas. En esta oferta de empleo público se incluyen, además, plazas de estabilización para reducir la interinidad en la administración pública.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, también anunció que la Junta no presentará el proyecto de ley de presupuestos de 2018 hasta contar con un acuerdo previo con los grupos parlamentarios que garantice su aprobación, por lo que ha apuntado hacia la posibilidad de prorrogarlos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Del Olmo ha asumido que "lo transcendente" para tomar esta decisión de no presentar el proyecto de ley es la falta de acuerdo con los grupos parlamentarios, por encima de la decisión del Ejecutivo central de retrasar la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE).
Aunque la titular de Economía y Hacienda ha defendido que el objetivo es tener presupuestos el 1 de enero próximo, ha agregado que "no pasa nada" si finalmente hay que prorrogar los de 2017. "No es dramático, ya hemos prorrogado el año pasado", ha avisado.
Por último, la Junta aprobó ayer la declaración de Proyecto Industrial Prioritario el Plan Industrial 2019-2024 de Nissan por el que la multinacional japonesa prevé la transformación de la actual planta de fabricación de camiones de Ávila en una nueva instalación de producción y distribución de recambios dentro de su alianza con Renault.
