La dirección general de Comercio y Consumo de la Junta tiene previsto incrementar este año un 10 por ciento el número de inspecciones en las gasolineras para controlar la modificación del Estatuto del Consumidor que entró ayer en vigor y que obliga a las estaciones de servicio a tener un empleado mientras están abiertas para la venta de combustibles.
Este tipo de controles se realizan siguiendo un protocolo establecido en un decreto de 1995 donde se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público, en el que se controlan diversos puntos que van desde la medición de los surtidores hasta las medidas de seguridad
El vicepresidente y portavoz de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, confió ayer que la Junta haga cumplir la ley, "como no puede ser de otra manera", la modificación del Estatuto del Consumidor.
Pizarro apuntó que la administración regional deberá actuar de oficio contra los empresarios que opten por incumplir la ley. "La ley es de obligado cumplimiento y la Junta debe velar por su aplicación", aseveró. Una norma que contempla sanciones graves que van desde los 3.000 a los 15.000 euros en el caso de los primeros incumplimientos, una cantidad que se dispara hasta los 600.000 euros para los propietarios de gasolineras que acumulen numerosas denuncias. Además, la normativa puede generar en Castilla y León 200 puestos de trabajo, según indicó en Segovia el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo.
La obligación de que estos establecimientos tengan que estar atendidos responde a la petición que realizaron tanto los propios trabajadores, como los sindicatos, explicó Fernández.
El objetivo de esta exigencia, aprobada por las Cortes de Castilla y León y contra la que la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León (URCACYL) ha presentado una iniciativa legislativa popular, es, según ha manifestado, "preservar la seguridad ciudadana y el medio ambiente. No obstante, Fernández ha recordado que la gasolina de Castilla y León es, tras retirar el impuesto denominado céntimo sanitario, "de las más baratas de España".
Por su parte, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) llevará a las Cortes unas 16.000 firmas con el principal objetivo de cambiar la ley. Tras reunirse con los distintos grupos parlamentarios y con la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, Urcacyl inició ayer la tramitación que espera avalar con un porcentaje superior a las 15.942 firmas que se requieren para eliminar la norma.
