El Procurador del Común, Javier Amoedo, ha llevado a cabo una actuación de oficio tras la que ha pedido que los colectivos más vulnerables no se vean privados de un derecho fundamental como es el agua potable por causas económicas. Para iniciar esta actuación de oficio, el Procurador del Común, que ha pedido información a los ayuntamientos de más de 2.500 habitantes de la comunidad y ha contado con la colaboración de asociaciones y ONG, ha tenido en cuenta que, debido a la crisis económica, existía un elevado número de personas y familias que no pueden hacer frente a las facturas de algunos suministros básicos en sus hogares, especialmente la luz, el agua o el gas.
El Procurador considera que las ordenanzas o reglamentos locales deben definir y regular el derecho a un suministro básico de agua potable, que garantice las necesidades vitales de alimentación, higiene y salubridad. "Este suministro básico debe contar con un precio asequible en unos determinados parámetros de consumo y no puede ser inferior al mínimo de suministro recomendado por persona y día por la OMS", recomienda el Procurador.
