La mayor presión de la Inspección de Trabajo logró que el pasado año afloraran en Castilla y León un total de 5.075 de empleos sumergidos, lo que supone un 12,2 por ciento más de casos que los alcanzados en 2013, cuando las altas en la Seguridad Social promovidas por los inspectores fueron de 4.448, según datos provisionales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Además, estas cifras vienen a demostrar la eficacia de los programas contra el empleo irregular y la influencia que ha tenido la crisis en el incremento del fraude. Así, en los últimos seis años, la subida de los casos de empleo sumergido detectados ha sido de casi un tercio, ya que 2009 se destaparon 3.442 casos, mientras que si la comparación se realiza con los años anteriores a la crisis es más del doble -2.276 casos en 2008 y 2.226 en 2007-.
En el conjunto de España, en 2014 afloraron 79.490 empleos, un 6 por ciento más que en 2013. El comportamiento a nivel nacional ha sido similar, ya que en 2009 se registraron 48.764 casos y dos años antes 34.784.
Por comunidades, el pasado año Andalucía se situó a la cabeza con 17.558 empleos sumergidos, por delante de Cataluña (11.141), Valencia (9.664), Madrid (6.809) y Castilla y León (5.075), mientras que las regiones menos defraudadoras fueron La Rioja (359), Navarra (894), Cantabria (962), Asturias (1.242) y País Vasco (1.677).
Además, el número de trabajadores afectados por infracciones a la Seguridad Social el pasado año en Castilla y León se situaron en 5.605 y el total de las las sanciones impuestas alcanzaron los 10,4 millones de euros. En total, teniendo en cuenta los distintos apartados de la Inspección de Trabajo -empleo y extranjería, seguridad y salud laboral, relaciones laborales...- el número de trabajadores afectados por infracciones fue de 20.947 y el total de las multas superó los 15,3 millones.
