Los empresarios familiares de Castilla y León han reclamado a las administraciones un marco normativo y fiscal que les permita desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles para poder ganar tamaño y crear empleo con agilidad, algo que, como así han denunciado, pone en peligro una política de ayudas de la Junta que actualmente se rige por criterios Pyme y que por tanto beneficia tan solo a aquellas con plantillas no superiores a los 250 trabajadores y una facturación de 30 millones de euros.
