La Asociación por la Memoria Viva, la Asociación de Familiares de Republicanos Desaparecidos (AFAREDE), el Foro por la Memoria de Ávila y el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera presentaron ayer una denuncia contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Poyales del Hoyo (Ávila) por los altercados que se registraron en el municipio, en un acto de protesta convocado por el traslado de los restos de nueve víctimas de la Guerra Civil a una fosa en el cementerio municipal.

La denuncia, firmada por 17 personas, acusa al alcalde de la localidad, Antonio Cerro, y, en su ausencia, a los cuatro miembros del Partido Popular que integran el equipo de Gobierno de «jalear» a los vecinos del municipio, quienes, «animados por los denunciados», llegaron a «amenazar, proferir insultos» y hasta a «empujar» al cerca del centenar de personas que se dieron cita en la plaza de El Moral convocados por las asociaciones en defensa de la memoria histórica.

Igualmente, en la denuncia se hace referencia a la jueza de paz, porque «se dedicó a mostrar unos papeles» en los que, según ella, decía que la concentración era «ilegal», cuando, según Eduardo de la Torre, secretario del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera, «no era así», ya que el escrito remitido por la Subdelegación del Gobierno decía que ésta se daba por «no enterada» de la concentración, al no haberse solicitado su celebración en el plazo mínimo exigido, de diez días. Al respecto, en la denuncia también se hace referencia a la pancarta que rompieron los vecinos, propiedad de las asociaciones y en la que podía leerse «Somos los hijos de los obreros a los que no pudisteis matar», además de indicar que se golpeó el megáfono con el que uno de los representantes de las asociaciones se iba a dirigir a los presentes.

Hasta 17 personas han firmado esta denuncia presentada ayer, según confirmó Eduardo de la Torre, en el Puesto de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, aunque «se pueden sumar más». Al respecto y dado que ya se había solicitado con anterioridad que la Fiscalía actúe de oficio por el traslado «sin consentimiento» de los restos de nueve de las diez víctimas que se encontraban en una tumba en el cementerio de Poyales a una fosa común, Eduardo de la Torre confirmó que también un familiar de los represaliados va a presentar denuncia por dicho traslado.