Resuelto el conflicto urbanístico de la calle Lagares, el Ayuntamiento de Benavente se ha topado en apenas una semana con un nuevo "pulso al interés general", esta vez en la confluencia de las calles Catalanas y Zafra, uno de los principales viales de entrada y de salida de las urbanizaciones de la zona.
El propietario colindante al camino asfaltado hace 20 años decidió el lunes vallar la parte del terreno anexionado al vial que considera de su propiedad: Lo hizo sin licencia, amparándose en una declaración responsable pendiente de resolución.
La Policía Local le ordenó paralizar los trabajos mientras que la propiedad recurría a un notario foráneo para levantar acta, según informaron fuentes municipales. Sobre la zona vallada, parte de la calle, el Ayuntamiento anunció la semana pasada el inicio de un expediente de expropiación para consolidar el vial. El Ayuntamiento benaventano reconoce la propiedad expropiable y ya cuenta con la tasación de los cerca de 900 metros que han motivado el conflicto, cerca de 19.000 euros.
Tras el "pulso" del propietario está el estudio de detalle para desarrollar la unidad de actuación El Tejar II. El Ayuntamiento lo rechazó hace algunas semanas y considera que el vallado es una respuesta a la desestimación. Los informes técnicos lo consideran inviable, no solo porque la parte de cesiones de equipamiento planteadas por los propietarios se sitúan en un cuesto de hasta nueve metros de pendientes, sino porque la planificación contempla un número muy superior a las alturas de edificación permitidas por el Plan General en esta zona, entre otros incumplimientos.
Ayer, tras el incidente del lunes, el Departamento de Urbanismo rechazó la declaración responsable. Considera los terrenos del vial fuera de ordenación y por ello no cabe ningún tipo de actuación en la zona por parte de la propiedad porque vulnera la normativa, dice el informe.
Disciplina Urbanística emitió sendos informes, uno de paralización de los trabajos y de retirada de las vallas y del material acopiado para realizar los trabajos, y otro de restauración de la legalidad. La propiedad tendrá cinco horas de plazo a partir de la recepción de la notificación (anoche la Policía intentaba entregar la comunicación) para cumplir la orden urbanística. De no hacerlo, el Ayuntamiento llevará a cabo y costa del propietario los trabajos de desmantelamiento.
La orden afecta a "la eliminación de postes, vallas y cualquier otro elemento relacionado con las obras de cerramiento no legitimados por la declaración responsable". Urbanismo ha advertido que se está poniendo en peligro la seguridad vial en una zona que descongestiona el tráfico del cruce de La Soledad , comunica con la guardería municipal y da servicio a varias urbanizaciones.
La Concejalía ya ha confirmado la apertura inmediata de un expediente sancionador.
