El derribo del edificio número 2 de la calle Lagares, declarado en ruina, sigue pendiente del cumplimiento de los plazos legales para su ejecución. Parece que el ultimátum que el Ayuntamiento puso el mes pasado a la propiedad para la ejecución del derribo, en el periodo voluntario, no ha calado en la propiedad del inmueble que ha solicitado ya la pasada semana por escrito "cierta flexibilidad en la prestación del aval" por parte del Ayuntamiento de Benavente, según fuentes municipales.

La situación es que ""en estos momentos la propiedad está en periodo voluntario para el derribo. En estos momentos cuenta con el proyecto de derribo visado y aprobado y se le ha requerido para que ingrese las tasas correspondientes. Ante su escrito, el Departamento de Hacienda está valorando su petición pero en ningún caso se va a demorar más allá de lo previsto por los plazos legales", explican las mismas fuentes.

Y tal y como ya se ha advertido a la propiedad, "la Administración municipal va a respetar los plazos legales, pero una vez que finalicen los plazos, que es algo en lo que está trabajando disciplina urbanística, se va a ejecutar de modo subsidiario y con carácter inmediato puesto que el proyecto de derribo ya está aprobado".

Tanto es así que el Ayuntamiento de Benavente tiene previsto ya solicitar presupuestos para el derribo, que se estima en unos 14.000 euros, a empresas de la ciudad.

El equipo de Gobierno intentó alcanzar un acuerdo amistoso con la propietaria del inmueble con el fin de que se lleve a cabo el retranqueo no sólo del edificio número 2 (sobre el que recae el expediente de ruina), sino también el 4 y el 6 de esta calle, que se encuentran fuera de ordenación y sujetos a la alineación. Las negociaciones, que no han alcanzado un acuerdo económico que guste a las dos partes, se iniciaron en agosto de 2015 coincidiendo con el primer expediente administrativo de declaración de ruina del número 2. A finales del pasado año se reinició el expediente de declaración de ruina y fue en mayo de este año cuando fue decretada y publicada en el Boletín Oficial del Estado. El plazo de ejecución se ha dilatado hasta la actualidad.