El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora abrió en mayo diligencias de investigación por la presunta petición de una "mordida" consistente en la exigencia de una participación del 20% de la empresa GCE Bio Tecnología y Proyectos S.L., promotora inicial de la biorrefinería que en la actualidad, y con otra sociedad, se pretende implantar en Barcial del Barco.
La investigación, iniciada según ha podido saber este periódico a partir de una denuncia del proyectista y promotor Vicente Merino, implica a un relevante industrial de Zamora que presuntamente habría actuado como conseguidor "en nombre del exconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León" y de otro destacado empresario de la región, también de origen zamorano.
Los hechos investigados se remontan al trienio 2006-2009. En ese periodo se produjeron varias reuniones entre los propietarios de la sociedad con el industrial que, siempre según la denuncia que ha dado origen a la investigación de la Fiscalía, "decía hablar en nombre de Tomás Villanueva (entonces consejero de Economía)" y del citado empresario con diversas actividades regionales.
En las reuniones, el presunto conseguidor habría advertido a los propietarios de la sociedad que "si no les daban la participación del 20%" que les exigían "no conseguirían ni el proyecto ni trabajar en Castilla y León".
En estos encuentros, a los que llegaron a asistir hasta ocho personas, alguna de las cuales habría realizado una declaración jurada admitiendo haber escuchado que el proyecto no saldría adelante si el exconsejero y el empresario no entraban en la empresa, el mediador "en ningún momento ofreció" entrar con una participación o aportando capital, sino "bajo la amenaza de que si no se les daba el 20% a esas personas el proyecto no saldría en Castilla y León y que se olvidaran de trabajar".
GCE Bio Tecnología y Proyectos se constituyó en el año 2007 con un capital social de 20.000 euros. Estaba formada al 50% por el proyectista de la biorrefinería y por el propietario de la sociedad General de Cuadros Eléctricos de Villaralbo. Más tarde el capital se amplió a 60.000 euros a través de la aportación de un tercer socio. Sin embargo la sociedad se terminó rompiendo y disolviendo.
Según la denuncia, el proyectista se negó a aceptar la exigencia de ceder gratuitamente el 20% de la empresa, y el propietario del otro 50% inicial dejó de realizar aportaciones y "cambió de postura y puso todo tipo de trabas para el buen fin del proyecto" . Este hecho motivó la intervención judicial a partir de una demanda y finalmente la disolución de la sociedad.
Según las declaraciones del proyectista, los hechos investigados guardarían en los mecanismos empleados rasgos "idénticos o similares" a los que han venido apareciendo en la prensa como los de los parques fotovoltaícos y los parques eólicos en sede de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León.
La investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora habría avanzado en estos meses con la toma de declaración de algunas de las personas asistentes a los encuentros en los que se produjo exigencia de una participación de la empresa a cambio, presuntamente, del apoyo al proyecto por parte de la autoridad económica regional.
En los últimos años, y pese a que Vicente Merino asegura haber recibido llamadas telefónicas amenazantes de una persona con acento italiano que fueron denunciadas en 2015, no se volvieron a producir ofertas de los presuntos implicados en la exigencia de la "mordida".
El promotor, no obstante, ha denunciado tanto ante el Fiscal como públicamente haber sido objeto de "denuncias y amenazas" por parte del anterior consejero de Economía al que atribuye la realización de "informes falsos para dañar su imagen y la de la empresa". Tras la disolución de GCE Bio Tecnología y Proyectos, cuyo proyecto industrial fue presentado en Toro, fue creada Magdala para desarrollar la biorrefinería en Barcial del Barco. El proyecto, pese a contar con todo tipo de apoyos, sigue sin materializarse.
