La alcaldía del Ayuntamiento de Benavente ha iniciado el procedimiento para anular el contrato del camión para recogida de basuras que se compró durante el último gobierno local del Partido Popular, al considerar que la adjudicación a la empresa Barrigón Vega S. L. incurre en irregularidades de derecho administrativo.

"Hay una falta absoluta de legalidad en la forma de efectura una compra. Esta práctica ha sido reconocida en la rueda de prensa que Juan Dúo y Emilio Cabadas dieron cuando reconocieron ellos mismos que la operación había comenzado ya en diciembre de 2014, cuando se encargó al encargado general que pasara a ver el camión por las instalaciones de la propia empresa. En esos momentos, Cabadas sí era administrador de la sociedad en cuestión, situación que nunca fue comunicada al Ayuntamiento", así resumía ayer Luciano Huerga la documentación recopilada acusando directamente a Emilio Cabadas, Juan Dúo y José Manuel Salvador como "absolutamente responsables" de esta irregularidad. El primero por ser su esposa administradora de la empresa donde se compró el camión, el segundo por ser la Concejalía que inició la operación y el tercero por firmar la propuesta de gasto en noviembre de 2015.

"Práctica irregular"

Calificó el hecho de "muy grave", no sólo por la cuantía en juego (unos 6.000 euros), sino por la "práctica irregular la que hace que tengamos que denunciar estos hechos", defendió Huerga, que avaló su decisión en los informes de Intervención y de Secretaría.

En ellos se señala que "teniendo en cuenta que Doña Begoña Barrigón Vega, es administradora de la empresa contratista y esposa del entonces concejal, la prohibición de contratar se extiende igualmente y la empresa en cuestión estaba incursa en prohibición de contratar", según reza el informe de Intervención, quien añade "nos encontramos ante una prohibición de contratar, fundada en razones de moralidad pública que, a su vez, se asienta sobre los principios de objetividad e imparcialidad que presiden el ejercicio de todo cargo público" y considera que "el problema se agrava ya que, incluso antes de la adjudicación del contrato, se gestionaron por parte del Ayuntamiento reparaciones en el vehículo"

Intervención indica que es el alcalde del Ayuntamiento es quien tiene la competencia "para declarar la nulidad" del contrato. De llevarla a cabo, "deben restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido".

El alcalde no descarta otras acciones legales sobre este asunto.

En la comparecencia ante los medios, el alcalde aprovechó la ocasión para defender las decisiones y actuación del actual concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón, tras las acusaciones del PP sobre el tema de los residuos en la vía urbana y junto al punto limpio. "Ha hecho más Burón en seis meses, que el señor Dúo en ocho años, intentando resolver un problema de depósitos incontrolados. La conducta incívica no se resuelve de un día para otro" y animó a que la ciudadanía denuncie estas conductas.