Res pública benaventana

Cataluña y ¡olé!

Los que organizaron el 9-N la seudovotación prohibida por la Justicia deben pagar por haber incumplido la ley

24.11.2014 | 00:13
Cataluña y ¡olé!
Cataluña y ¡olé!

Ante el emponzoñado y no acabado problema catalán que suscita tanta controversia, he repasado lo que queda de mis polvorientos apuntes de aspirante a licenciado en Derecho; en ellos se dice que el fraude de ley consiste en una maniobra donde se utiliza una norma para forzar un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico con la finalidad de alcanzar metas interesadas que no siendo los propios de esa norma, sean, además, contrarios a otra ley (ley defraudada) o al ordenamiento jurídico. En este caso, la Constitución vigente. Y dice el Código (CC, art. 6.4; LOPJ, art. 11.2 ) que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

No hace mucho tiempo que en un viaje de Santander a Benavente, en un desvío por obras, al sobrepasar la velocidad permitida, marcaba 40km/h y pasé a 58km/h, un joven guardia civil, aunque insistí que la señal no era prácticamente visible y no la había visto, siempre, con la seriedad de una persona que se atiene a la ordenanza, simplemente, me dijo: le pongo la multa y sepa usted que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Pedí perdón, pagué y me quitaron dos puntos del carné. Iba conmigo de viaje y fue testigo una de mis hermanas.

Por tanto, planteo, que sí tuve que pagar, a pesar del desconocimiento y la mala situación del cartel de prohibición, en esta locura catalana de seudovotación a pesar de estar prohibida por los tribunales superiores de justicia, que en sí misma es un acto "in fraudem legis", cómo deberían acabar los, según se estiman, dos millones de votantes catalanes del simulacro asambleario y desacato a la autoridad, aunque hayan sido manipulados en su buena fe por dirigentes políticos corrompidos. ¡Que paguen como todo hijo de vecino! ¿Por qué solo pagamos los tontos? Y, ¿cómo es posible que estos dirigentes, manipuladores de conciencias y voluntades de personas sin capacidad de discernimiento que ocupan cargos de responsabilidad constitucional, no dejan sus puestos a personas que acepten la Constitución, de la que deben emanar todas las leyes y normas de actuación ya que su conciencia no admite la ley que debe imperar y sobre la que han aceptado el cargo que ocupan?

Ante el hecho punible y extremoso del fraude de ley, ese proceder acrecienta la falta de respeto a una Justicia seria y efectiva ante la que deberíamos rendir cuentas todos y en especial los interlocutores públicos. Necesitamos la Justicia para mantener el orden constitucional, pero ¿dónde está la justicia y el orden en Cataluña?

Ya va siendo hora que el pueblo empiece a considerar a las personas por los hechos; hay mucha gente que vive en la amoralidad y toma lo público como propio para llevárselo crudo, aunque habla muy bien y argumenta con ideología, demostrando ser tiernos demófilos hasta que toman el poder.

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