Los vecinos del Edificio Villar han presentado al Ayuntamiento de Benavente el proyecto de restauración de la legalidad dentro de los plazos estipulados y sin que se haya formulado recurso de revisión ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, según confirmó ayer la responsable de Urbanismo, Meri Martínez.
La arquitecta municipal está estudiando el proyecto, que estaría pendiente por lo tanto de la concesión de la licencia de obras que abriría el camino a la restauración de la legalidad del inmueble, según precisó Martínez.
El Ayuntamiento benaventano adoptó una resolución definitiva sobre el cumplimiento de sentencia que afecta al denominado Edificio Villalar en el mes de enero. En esta resolución, que comunicó verbalmente a los afectados, da un plazo de tres meses a los propietarios para presentar un proyecto técnico para la ejecución de obras de repicado de la fachada del núcleo de escalera hacia el patio con un fondo máximo de 10 centímetros y un ancho que permita inscribir el círculo de diámetro igual a 3,50 metros.
El proyecto, según esta resolución que también fue remitida al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, deberá también contemplar la adopción de la solución constructiva propuesta en el informe técnico municipal para dar cumplimento a las dimensiones del ancho mínimo de escalera establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOUB), determinando también las condiciones técnicas de aislamiento de la pared afectada.
La resolución de restauración de la legalidad incluía también una determinación sobre el incumplimiento de la resolución que, previo apercibimiento, confiere al Ayuntamiento la posibilidad de ordenar la ejecución subsidiaria de las medidas de restauración de la legalidad a costa de los obligados.
A partir del ejercicio de la acción pública por parte del arquitecto Román Ávila, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la licencia concedida al edificio por ser contraria a derecho. Ávila anunció hace algunas semanas que no era contrario a la solución técnica para restaurar la legalidad, pero reclamó que se emprendieran acciones legales contra los responsables del gobierno municipal del PSOE que otorgaron la licencia.
