La Audiencia, pendiente de sortear el jurado para el caso de Alberto Vega, el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora

La Audiencia de Zamora está pendiente de recibir el procedimiento judicial concluido por la juez instructora para abrir el juicio con jurado contra Alberto Vega Vicente, el exjefe del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, por beneficiarse personalmente de 61.310 euros, y contra Gemma N.S., la empresaria cómplice.

Esto implica que la celebración de la vista oral con el Tribunal del Jurado será difícil que se convoque para antes de fin de año, puesto que debe convocarse a las partes personadas en la causa, Fiscalía, Ayuntamiento y abogados de la defensa, antes de realizar el sorteo de 36 personas para elegir el jurado el día del juicio.

La entrada en el mes de agosto, inhábil para trámites judiciales, dilatará aún más la llegada de esta causa a la Audiencia y, por tanto, el inicio del trámite del Tribunal del Jurado que pone en marcha esa instancia judicial.

El retraso en la apertura de juicio oral con jurado por delitos de corrupción se explica por la imposibilidad de localizar a la empresaria gallega para comunicarle la conclusión de la investigación. Los delitos de corrupción que les imputan están relacionados con la adjudicación directa de 15 contratos municipales a la empresaria por parte del exfuncionario, por importe total de 50.000 euros, obras que nunca ejecutó.

Las penas de prisión

La Fiscalía de Zamora exige 13 años de prisión para el exjefe de Jardines y 7 años de cárcel para Gemma N.S., quienes ya se sentaron en el banquillo por la contratación de un parque infantil en la plaza de Belén que ejecutaron los operarios de Jardines con material del Ayuntamiento. La Audiencia de Zamora les condenó ya a un año de cárcel al empleado municipal y a un mes de prisión a la empresaria.

Gastos personales a costa del Ayuntamiento

El Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento consideran que está probado que Alberto Vega llegó a "realizar gastos personales" con cargo a las arcas municipales entre 2013 y enero de 2020. La empresaria gallega era titular de las sociedades Iocus Technology y de Romina & Ekaich con las que fue contratada por Alberto Vega Vicente para esos proyectos municipales. Las cantidades abonadas por el Ayuntamiento se repartirían entre el exfuncionario y la empresaria, confesó la acusada. Las investigación judicial permitió hallar en las cuentas bancarias de Alberto Vega 61.310 euros de ingresos sin justificar entre 2015 y septiembre de 2020. Se detectaron 29 transferencias del exjefe de Jardines por importe de 10.520 euros en las cuentas de Gemma N.S., de acuerdo con las diligencias policiales que recoge el auto de procesamiento y el escrito de Fiscalía.

El Ministerio Público extiende ese uso personal de fondos del Ayuntamiento a la utilización de dos tarjetas de crédito autorizadas por la institución para que la plantilla de la adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, la sociedad Raga, pagara la gasolina y averías mecánicas de la flota de vehículos. Pero en la relación de gastos, aparecerían abonos de combustible y de arreglos de los turismos de Alberto Vega, y de peajes de autopistas de fuera de Zamora capital.

Informe de la viceinterventora

Las ilegalidades detectadas fueron detalladas por la viceinterventora en un informe municipal sobre el que se cimentó la denuncia en el juzgado a Alberto Vega por delitos de corrupción. En concreto, por falsedad en documento oficial, por el que la Fiscalía exige cuatro 4 años de cárcel, multa de 4.320 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 6 años; por malversación de caudales públicos, por los que se enfrenta a 6 años de cárcel e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público durante 10 años; y por fraude y exacciones ilegales, 3 años de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público por 10 años.

Gema N. S. enfrenta una posible condena a 3 años por fraude y exacciones ilegales y a inhabilitación durante 5 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para administraciones y entes del sector público y para obtener beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social. La imputada está acusada de estafa al Ayuntamiento, delito por el que la Fiscalía solicita 4 años de cárcel, multa de 2.160 euros.

Si resulta condenado, Alberto Vega tendrá que abonar una indemnización de 31.487,64 euros más el interés por los gastos de combustible, además de otros 41.955,80 euros por la facturación y cobro al Ayuntamiento de los contratos no ejecutados por la empresaria procesada, cantidad que pagarían de forma conjunta y solidaria. El impago de las cuotas de multa implicaría la ampliación de días de cárcel.

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