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Sucesos

El Tribunal de Toro investigará la posible red de trata de migrantes ilegales para trabajos agrícolas

La denuncia por explotación de dos afectados abre la vía laboral, que espera desde mayo el informe de la Inspección de Trabajo

La jueza toresana deberá indagar sobre el control que podría ejercer el empresario sobre las personas extranjeras, a las que no entregaba sus salarios porque debían abonar alquiler, manutención y deuda por el contrato y el viaje

Las condiciones de hacinamiento y de la retención de los perjudicados tendrán que ser concretadas en las diligencias

Un trabajador migrante en una explotación agrícola.  FOTO de ZOWY VOETEN

Un trabajador migrante en una explotación agrícola. FOTO de ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN (Archivo)

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Zamora

El Tribunal de Toro investigará el posible funcionamiento de una red de migrantes ilegales para trabajar en explotaciones agrícolas tras la denuncia de dos jóvenes hermanos que pudieron huir de la vivienda de la localidad toresana en la que se les tenía retenidos junto a otras personas procedentes de diversos países de África, fundamentalmente, llegados a España tras el pago de 12.000 euros a la presunta organización para poder cruzar el estrecho en patera. La cantidad serviría para pagar el viaje y el contrato de trabajo en Zamora que se les prometía, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. La denuncia incluye un delito de vejaciones, amenazas y maltrato por parte del encargado que tenía funciones de enlace con las empresas a contratar.

La jueza de Toro deberá indagar sobre las condiciones laborales de estas personas a las que se prometió un sueldo de unos 1.300 euros al mes, pero que se vieron privados de esa remuneración al llegar a Toro en octubre de 2025 con la excusa de que el dinero que percibían servía para saldar la deuda contraída por haberles facilitado un contrato laboral y un empleo, según consta en la denuncia.

De hecho, cada uno de estos dos perjudicados percibió unos 1.800 euros a lo largo de los ocho meses de trabajo. Del sueldo se les descontaban los gastos de alojamiento y manutención, además de un porcentaje para saldar la deuda.

Las jornadas laborales se prolongaban muy por encima del máximo de horas estipuladas en España, lo que constituye un delito contra los derechos de los trabajadores y una infracción administrativa muy grave que conlleva para el empresario multas de entre 7.501 euros y 225.018 euros.

La persona que los recibía en Toro sería la encargada de controlarles, de trasladarles a las fincas en las que desarrollarían cada jornada, no siempre las mismas, para volver a encerrarlos en la nave del casco urbano de la localidad cermeña habilitada con diferentes estancias para mantener controlados a grupos de migrantes que movían en transporte controlado, según el testimonio de los dos hermanos. El encargado denunciado les condujo a cultivos de hortalizas y viñedos en Toro, Morales de Toro y en el radio próximo a estas localidades, además de llevarles a otras explotaciones situadas en la provincia de León y de Valladolid, como Rueda, Tordesillas, Serrada y La Seca, en Valladolid.

A la espera del informe de Inspección de Trabajo

La denuncia ante la Inspección de Trabajo sigue sus trámites sin que, por el momento, el informe que debe efectuar el técnico designado haya concluido para agregarlo a estas actuaciones penales, una prueba decisiva en la vía penal para establecer el alcance del delito cometido, si se confirman los indicios, y para las diligencias que abra la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zamora que se han abierto para depurar responsabilidades.

Ese informe de Trabajo, que se espera desde el 15 de mayo cuando se inició este procedimiento, tendrá su peso decisivo en la resolución judicial de lo Social por el despido improcedente y de reclamación de las cantidades que adeuda a los dos hermanos el empresario que los captó para trabajar en Toro, alfoz y provincias limítrofes con Zamora. El juicio para solventar esta demanda está fijado ya para el mes de noviembre, según ha podido saber este diario.

El empresario no acudió al acto de conciliación

El Serla no pudo celebrar el acto de conciliación al que fueron llamados los representantes legales de los dos hermanos y la empresa el 30 de junio al no acudir el empresario para intentar llegar a un acuerdo sobre el despido improcedente, el pago de las nóminas pendientes y de la indemnización correspondiente al objeto de evitar la vía judicial en materia laboral que está abierta ya.

Las cantidades pendientes de los salarios de cada uno, vacaciones, pagas proporcionales, liquidación y finiquito que están pendientes, lo que lleva la cantidad de 8.513,93 euros para cada uno de los dos migrantes que denunciaron.

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