Una trama que estafó un millón de euros en cinco provincias deja víctimas en Zamora

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal asentado en Cataluña que, mediante falsas inversiones financieras realizó estafas por un importe cercano al millón de euros a 58 víctimas repartidas en cinco provincias: Ávila, Zamora, Barcelona, Madrid y Cantabria.

Fruto de esta operación denominada 'Rentafa', cuyas diligencias continúan abiertas ya que no se descarta la aparición de más afectados, están siendo investigadas siete personas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa, según ha informado en nota de prensa el instituto armado.

Asimismo, se investiga a una persona jurídica como supuesta responsable de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, contra el mercado y los consumidores y contra la Hacienda Pública.

La investigación, culminada ahora, comenzó a partir de una querella interpuesta en la provincia de Ávila, después de que varias personas denunciaran haber sido víctimas de una posible estafa relacionada con inversiones financieras, ocasionándoles un perjuicio económico de unos 30.000 euros.

A partir de entonces, las pesquisas realizadas por ambos cuerpos permitieron descubrir la existencia de una estructura empresarial que ofertaba presuntamente activos de inversión de nueva creación bajo la promesa de obtener, en un corto periodo de tiempo unas rentabilidades "elevadas" y "muy superiores a las habituales en los mercados financieros tradicionales".

Sin embargo, las investigaciones descubrieron que las cantidades que aportaban las víctimas no eran destinadas a realizar las inversiones comprometidas, sino que eran "desviadas a cuentas bancarias vinculadas a los investigados".

Además, según señalan los investigadores, una parte de estos fondos habrían sido destinados a adquirir criptoactivos mediante operaciones dirigidas a "dificultar la trazabilidad del dinero, ocultar su origen y destino", así como a "favorecer su blanqueo".

Fruto de estos trabajos, están siendo investigadas siete personas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa, además de una persona jurídica, por su supuesta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, contra el mercado y los consumidores y contra la Hacienda Pública.

Las pesquisas han permitido identificar, hasta el momento, a 58 personas afectadas en Ávila y Zamora, Cantabria, Madrid y Barcelona, con un perjuicio económico cercano al millón de euros.

Según las pesquisas realizadas, los administradores de la sociedad habrían constituido una empresa que actuaba "como instrumento para captar inversores" y contaba con una oficina física abierta al público, además de una red de agentes comerciales encargados de promocionar los productos financieros.

De la misma forma, habían puesto en marcha diversos canales digitales destinados a "reforzar la apariencia de legitimidad de la actividad", entre los que figuraban una página web corporativa y una aplicación móvil que "simulaba el comportamiento y la evolución de las supuestas inversiones realizadas por los clientes".

Asimismo, la organización desarticulada utilizaba su inclusión en un registro administrativo del Banco de España para "transmitir una falsa sensación de solvencia y supervisión financiera", lo que inducía a las víctimas a creer que la actividad desarrollada estaba plenamente regulada y respaldada por las autoridades competentes.

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