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Tribunales

Los tribunales de Zamora, al borde del colapso: los abogados solicitan un "impulso procesal" de sus asuntos para combatir la paralización de denuncias y demandas

Los asuntos judiciales ya calificados acumulan más de un año de retraso para la celebración de juicio

Entrada a los juzgados de Zamora.

Entrada a los juzgados de Zamora.

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Desquiciados por el atasco de las once secciones judiciales de Zamora (juzgados hasta la reforma impuesta con la Ley de Eficiencia de la Justicia), numerosos abogados están optando por solicitar al Tribunal de Instancia por escrito "el impulso procesal" en los asuntos que llevan más de un año esperando fecha para celebrar el juicio o para causas que requieren una pronta resolución por tratarse de agresiones sexuales, pagos de pensiones de alimentos, violencia de género o lesiones graves.

Esta solicitud se lleva a cabo ante el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia con el objetivo de que el asunto en cuestión "se acelere y para evitar que se pueda alegar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas cuando se celebre el juicio para que se reduzca la pena a imponer a la persona imputada" en el delito denunciado, puntualiza otro de los abogados consultados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Las peticiones de "impulso procesal" están a la orden del día para demostrar a los clientes que pleitean que el problema no es de los despachos de abogados, sino de la ralentización que sufre la Administración de Justicia desde la entrada en vigor de la reestructuración del sistema de trabajo de los once juzgados con sede en la capital que corre el riesgo de cronificarse.

La causa de la falta de operatividad del Tribunal de Instancia de Zamora está en su división en seis secciones civiles y penales, en dos de Laboral, en una Contenciosa, otra Penal y la de Menores que ha conllevado la pérdida de los equipos de trabajo en torno a un solo juez o jueza (antiguas oficinas judiciales) para pasar a una redistribución piramidal de las tareas de auxilio, tramitación y gestión de las denuncias y demandas a investigar.

Los profesionales de la Abogacía han visto cómo la parálisis iba creciendo, de modo que asuntos que deberían haberse juzgado ya han pasado a engrosar el embudo de causas pendientes de resolución. Otras causas que se iniciaron el año pasado permanecen perdidas en la vorágine en que se han convertido las mesas del personal funcionario, enfocado en adaptarse al nuevo sistema de trabajo que "despersonaliza cada asunto porque ya no lo conoces al detalle, desde su inicio hasta que pasa a ser juzgado".

Esa nueva fórmula de funcionamiento está suponiendo una limitación absoluta de la posibilidad de no solo de atender al ciudadano para informarle sobre la marcha de su denuncia o de su demanda, sino al propio profesional de la Procuraduría y de la Abogacía.

El atasco insalvable en 2026

La consecuencia inmediata ha sido un atasco que dan por "insalvable en las tres escalas" por las que atraviesa cada causa judicial, ya que el número de asuntos "continúa creciendo a pasos agigantados" porque los que van ingresan en estos seis primeros meses de 2026 se mantienen en cifras similares a las de años anteriores, sin que se ventilen a un ritmo aceptable y sin que los pendientes se hayan agilizado.

El perjuicio a víctimas de agresión sexual y maltrato

"El menoscabo es especialmente doloroso para las víctimas de agresiones sexuales y de violencia de género", abunda un letrado experto en la materia que subraya "las mujeres que dan el paso de denunciar no logran una respuesta rápida que les permita pasar página", lejos de facilitar el resarcimiento de su dolor en el menor tiempo posible, el retraso judicial contribuye a ahondar en su sufrimiento.

"Estas víctimas de delitos son especialmente vulnerables en esta situación de atasco de asuntos judiciales", dado que sus vidas se paralizan, afectadas por el trauma sufrido que pueden comenzar a superación cuando se cierra el capítulo judicial, apuntan profesionales consultados. Estas mujeres "se muestran desesperadas porque hay asuntos ya calificados" -con petición de penas concretadas por la Fiscalía, por la acusación y por la defensa del procesado- "que no llegan la sección de Lo Penal del Tribunal o a la Audiencia para fijar fecha de juicio y que se dicte una sentencia", detallan.

Medio año de ineficiencia

El parón judicial que ha supuesto la reforma de los juzgados para su unificación en "el Tribunal de Instancia de Zamora ha puesto patas arriba en tan solo medio año la eficiencia en la admisión, tramitación y gestión de asuntos", así como en la resolución mediante juicio y fallos que esperan desde hace más de un año una solución, con perjuicio directo la ciudadanía.

El colapso judicial está cada vez más cerca, una tendencia que devolvería a esta Administración del Estado a épocas caóticas del siglo pasado cuando para dar cobertura a la demanda ciudadana fue preciso crear sucesivamente cinco juzgados más en la capital (tres de Primera Instancia e Instrucción, uno de lo Social y el de Menores).

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