Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
La sociedad agrícola movería a los trabajadores a distintas fincas a cambio de sueldos ínfimos a restar de la deuda del pasaje y el contrato
Los empleados pagaron más de 8.000 euros por viajar a España desde Marruecos con un contrato laboral

Trabajadores migrantes en el campo. / L.O.Z. (Archivo)
Las promesas de un pasaje y trabajo en Zamora a cambio de pagar más de 8.000 euros por el viaje a España y por el contrato laboral con una empresa agrícola radicada en Toro por un sueldo superior a los 1.300 euros quedaron en papel mojado. En cuanto llegaron a esta localidad en octubre de 2025, los jóvenes marroquíes se vieron encerrados en una nave habilitada con distintas estancias a modo de habitaciones de la que les resultaba imposible escapar junto a otros migrantes, al parecer, captados con idénticos compromisos y residiendo todos en condiciones poco salubres.
La empresa contratista, que tardaría tres meses en darles de alta en la Seguridad Social, según la documentación aportada, movería esta mano de obra en situación de semi esclavitud a distintas fincas de cultivo de hortalizas y viñedos en Toro, Morales de Toro y en el radio próximo a estas localidades, en León y Valladolid, como Rueda, Tordesillas, Serrada y La Seca, en Valladolid, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
Jornadas de sol a sol y retribuciones pírricas
Los migrantes relatan jornadas de sol a sol, de lunes a domingo, sin ningún descanso semanal, por sueldos pírricos con la excusa de que debían purgar la deuda contraída que superaba los 8.000 euros, de que se les restaba el pago de alquiler de la habitación que ocupaban y la manutención que era muy escasa, según consta en la denuncia que ha llegado al Tribunal de Instancia de Zamora.
Lo percibido durante los ocho meses de trabajos por cada uno de los dos denunciantes ascendería a unos 1.800 euros, una vez descontados los gastos de alojamiento y manutención. Finalmente, los dos denunciantes fueron despedidos y el caso terminó en la Inspección de Trabajo el 15 de mayo de este año, que deberá intervenir para dilucidar las ilegalidades contra los derechos de los trabajadores que pudiera haber cometido y las que pudieran estar cometiendo con el resto de los empleados, cuya situación de precariedad han expuesto estas dos personas con datos precisos.
El desacuerdo en los términos de rescisión del contrato ha sido el detonante de este caso que ha terminado en los tribunales y podría destapar una trama de trata de migrantes para su explotación laboral. Los dos denunciantes mantienen un litigio por despido improcedente con la empresa por la reclamación del salario bruto pactado de 1.381,33 euros al mes entre octubre de 2025 hasta el 14 de mayo de 2026 que sumarían 10.313 euros para cada uno de ellos. De esa cuantía, deberán descontarse, según su demanda, los 1.800 euros que percibieron durante ese periodo de siete meses.
La conciliación está prevista para este 30 de junio, para exigir el abono de las cantidades pendientes de los salarios de cada uno, vacaciones, pagas proporcionales, liquidación y finiquito que están pendientes, lo que lleva la cantidad de 8.513,93 euros para cada uno de ellos.
Delitos contra los trabajadores, amenazas y agresiones
La acusación particular ha emprendido acciones judiciales por delitos contra los derechos de los trabajadores "por la posible imposición de condiciones laborales perjudiciales, abuso de situación de necesidad, falta de alta o alta tardía, impagos y sometimiento a condiciones laborales contrarias a la dignidad".
Asimismo, considera que el empresario y quienes trataban directamente con estos empleados habrían cometido delitos de amenazas o coacciones, "si se acredita que los denunciantes fueron presionados mediante advertencias relacionadas con su situación administrativa o permanencia en España" para mantenerles amedrentados.
Golpes y humillaciones: "Que trabajen los burros"
Asimismo, se denuncian las agresiones físicas, delitos de lesiones, ya que el encargado directo ejercía maltrato para conseguir obediencia por parte de los migrantes, quienes estaban en situación de vulnerabilidad por su situación irregular y porque desconocen el idioma castellano. A estas graves acusaciones se agrega el trato degradante, con humillaciones, "que trabajen los burros", insultos y sometimiento "incompatibles con la dignidad personal y laboral, al afectar a la integridad moral de estas personas", añade la denuncia.
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