Zamora registra una avalancha de quejas por el programa informático judicial Atenea

La ya denominada ley de "ineficiencia" Judicial ha provocado en Zamora una auténtica avalancha de quejas en los primeros seis meses de su puesta en marcha, quejas al Ministerio por los lapsus en el nuevo programa informático Atenea para llevar a cabo la admisión y la tramitación de asuntos, así como su ejecución, un diseño deficiente que ha ralentizado el funcionamiento del Tribunal de Instancia de Zamora y las otras cuatro instancias judiciales.

El caos en el desarrollo del trabajo del personal de auxilio, de tramitación y de gestión se ha traducido en el "abandono por hartazgo de casi el 20% de la plantilla, mediante jubilaciones anticipadas, porque es imposible trabajar al ritmo adecuado ya de por sí con esta fórmula" metida a calzador, afirman los funcionarios y las funcionaras, sin dar posibilidades de adaptarse a un sistema de trabajo en cadena, "con el expediente digital (de denuncias y demandas) en el centro, como eje de las tareas estandarizadas", explican fuentes consultadas.

La objeción del personal y de los profesionales de Abogacía, se asienta en que "se pierde la visión de conjunto de cada denuncia o demanda que te llega a las manos", lo que deshumaniza los procedimientos y al justiciable que ya no sabe dónde está su asunto, "antes iba a la oficina del juzgado en cuestión, ahora el expediente está disperso" por los diferentes compartimentos estanco.

Sin veteranos para enseñar a los interinos

La lógica consecuencia de esas bajas por jubilación ha sido la llegada de personal interino sin experiencia en este trabajo tan especializado y otra desbandada porque "no hay veteranos para enseñar a tantas personas nuevas". Algunos han permanecido en esas plazas menos de un mes, según las consultas realizadas.

Esta situación ocupa y preocupa a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convertidos en directores de sección o adjuntos a servicios de auxilio, tramitación y ejecución, en mandos intermedios de una estructura piramidal que ha desplazado las oficinas judiciales y el trabajo en equipo bajo la dirección del LAJ y el mando del juez o la jueza.

Una veintena de propuestas

El secretario coordinador de Zamora, Ignacio Martín García, del que depende toda esa estructura ha elevado a sus superiores del Ministerio una veintena de propuestas que han surtido para mejorar el funcionamiento de todos los tribunales de instancia de la provincia y algunas oficinas municipales de justicia, tales como las relacionadas con la admisión a trámite de asuntos por parte del personal de auxilio, como el establecer una función que para realizar citaciones o emplazamientos, exhortos a acusados, denunciantes o testigos.

En las oficinas jurídicas de municipios no había aplicaciones para el registro de los actos de conciliación que son obligatorios antes de llegar a la tramitación por los tribunales de instancia, los famosos MAC; además, ni se podían imprimir escritos o comunicaciones, entre otros documentos, pendientes de tramitar.

Otra de las correcciones logradas desde la Secretaría de Coordinación de Zamora es el desbloqueo del acceso al denominado Tablón Editorial Único que permite a los profesionales de la Abogacía, de la Procuraduría y de Graduado Social como a las partes implicadas en la causa consultar su marcha, "no lo podían ver", explican fuentes judiciales.

El servicio de gestores y tramitadores y el personal de auxilio tampoco tenían acceso a los expedientes pendientes, una anomalía del sistema informático Atenea que se ha subsanado ya, al igual que se ha solventado la incidencia que impedía al servicio común de ejecución y de tramitación ver en las pantallas de sus ordenadores las sentencias de delitos leves, lo que implicaba que no podían hacerlas cumplir a los condenados y resarcir a las personas perjudicadas por esas infracciones penales.

Entre tanto galimatías, lo que todos los actores jurídicos, funcionarios del Ministerio de Justicia y profesionales del sector, es que "el retraso de un año a mayores del que se arrastraba está asegurado", una circunstancia que puede llegar a colapsar los tribunales de instancia y perjudicar a la ciudadanía que busca en esta administración resarcirse como víctima de un delito.

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