Faúndez y del Canto recurren su citación como investigados en el caso Ultra Sanabria alegando "ausencia de indicios racionales"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado provincial de Deportes, Juan del Canto, ya han presentado el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la providencia judicial que les cita a ambos como investigados en las diligencias relacionadas con las subvenciones concedidas al Club Deportivo Ultra Sanabria.

El escrito, dirigido a la sección penal del Tribunal de Instancia e Instrucción de Zamora, sostiene que la resolución judicial "carece de motivación suficiente y de delimitación fáctica mínima, con la consiguiente afectación de su derecho de defensa" al no concretar los hechos que justificarían la imputación de ambos responsables políticos. Según el recurso, la providencia dictada el pasado 15 de mayo se limita a acordar la citación como investigados, pero "sin expresar hechos concretos, indicios individualizados, título de participación, periodo temporal y acto administrativo singularizado en que se basa", y que permita conocer qué conducta penal se atribuye a cada uno.

"La resolución recurrida (providencia) acuerda dirigir el procedimiento frente a mis mandantes, no por hechos inicialmente denunciados contra ellos, sino en base a la solicitud formulada por la parte denunciante (según refiere la providencia) interesando su citación como investigados en dichas diligencias", alega la letrada. Asimismo, se indica que no existe una "base objetiva mínima" que vincule a Faúndez y del Canto con el hecho denunciado.

La jurista mantiene que la providencia recurrida tampoco contiene una "valoración judicial propia, autónoma y razonada que permita conocer por qué existiría una atribución mínimamente concreta de participación en el hecho punible". En este sentido, reitera que no se identifica "qué acto propio, consciente, típico y penalmente relevante se les atribuye", ni tampoco "a qué fecha o periodo se refiere, con qué conocimiento, o con qué finalidad", puesto que no se hace referencia a ningún documento o expediente concreto, por lo que no "contiene una mínima base objetiva" para que se transforme su posición institucional en imputación penal.

En relación con las ayudas concedidas al Club Deportivo Ultra Sanabria, la defensa subraya que la subvención correspondiente a 2023 fue concedida y abonada durante el anterior mandato provincial, antes de que los actuales responsables asumieran sus cargos. Respecto al expediente de 2024, el escrito insiste en que toda la tramitación administrativa contó con informes favorables de Secretaría e Intervención, además de la aprobación de la Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora.

Según el recurso, los documentos administrativos reflejan una "tramitación formal, informada, fiscalizada y colegiada", sin que aparezcan indicios de fraude, arbitrariedad o malversación. Documentos relacionados y aportados que para el letrado tienen una conclusión clara: "no existe una base objetiva mínima para citar como investigados a mis representados en los términos acordados por providencia".

También se destaca que la conclusión final del informe de fiscalización "es inequívoca", puesto que "la propuesta se informa con resultado sin reparos, lo que desactiva, al menos en términos indiciarios, cualquier inferencia automática de fraude, malversación o prevaricación a partir del expediente 2024".

La abogada de Faúndez y del Canto considera también que la falta de concreción de la imputación genera una situación de "indefensión", ya que los investigados no conocen exactamente de qué hechos deben defenderse, obligando a "combatir una imputación que no ha sido definida por el órgano judicial".

Situación de indefensión, que valor "se agrava" porque los hechos pudieran oscilar, "sin concreción judicial", en un importante periodo de tiempo que afectaría a distintas anualidades y distintas corporaciones provinciales de diferente composición, además de a distintos tipos penales como son un supuesto fraude de subvenciones, una eventual prevaricación administrativa, una hipotética malversación o una supuesta falsedad documental. Distintas hipótesis que tendrían líneas de defensa radicalmente diferentes.

Asimismo, el recurso alerta del perjuicio institucional y mediático que supone mantener durante meses la condición de investigados de cargos públicos de máxima exposición pública sin una imputación claramente delimitada. "La citación como investigados de quienes ocupan responsabilidades institucionales de máxima exposición pública provoca un impacto personal, familiar, social y profesional evidente, especialmente cuando la providencia no concreta hechos, indicios ni base documental alguna", declara.

Por todo ello, se solicita la suspensión de las declaraciones previstas para el día 25 de septiembre de 2026 hasta que se resuelvan los recursos planteados o hasta que se dicte "resolución motivada que concrete los extremos necesarios para el ejercicio efectivo de la defensa". También se pide que, antes de tomar declaración, se practiquen nuevas diligencias, entre ellas la comparecencia del secretario general y de la interventora de la Diputación. "Su declaración anterior se realizó sin la presencia del letrado de esta parte igualmente como diligencia necesaria para depurar la relevancia o irrelevancia penal de la actuación de mis representados antes de atribuirles formalmente la condición de investigados", afirma.

Por otro lado, se requiere que se incorpore los expedientes administrativos completos 2092/2023 y 6371/2024, incluidos informes jurídicos, informes de intervención, reparos, levantamientos de reparo, propuestas, decretos, acuerdos, justificaciones y documentación anexa, "dando traslado suficiente a esta parte antes de cualquier declaración", aduce.