Regularizarse a contrarreloj: la carrera de muchos migrantes en Zamora

En las oficinas del Ayuntamiento de Zamora, situadas en la calle de Santa Ana, no solo se entregan documentos. Se entregan nervios, turnos perdidos, pasaportes fotocopiados, certificados que no llegan, promesas de contrato, dudas de gestoría y miedo. Mucho miedo. Miedo a no llegar a tiempo. Miedo a que falte un papel. Miedo a que una denuncia por pérdida de pasaporte acabe abriendo otro problema. Miedo, incluso, a preguntar.

A menos de una semana del plazo final de entrega de solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes, el principal obstáculo, en Zamora, para quienes quieren acogerse a esta regularización extraordinaria es el informe de vulnerabilidad: el Real Decreto se publicó en el BOE el 15 de abril y entró en vigor al día siguiente. Desde entonces, se está exigiendo este informe, pero el problema es que muchas administraciones locales no estaban preparadas para asumirlo.

"En Zamora, por ejemplo, los CEAS (Centro de Acción Social) son los servicios que están colaborando en la tramitación de estos informes, junto con otras entidades”, explica Raúl Arturo Hirakawa, abogado experto en migración y profesor colaborador en el Grado en Derecho y en el Máster en Derechos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja. “El problema es que cuando entró en vigor el Real Decreto, los CEAS no tenían información suficiente ni instrucciones claras sobre cómo actuar. Han tenido que recibir formación sobre la marcha, porque para ellos era algo nuevo”, añade.

Pero, antes de hablar de papeles, hace una corrección de lenguaje: “No se debe hablar de personas ilegales ni de inmigrantes ilegales”, advierte. “La persona no es ilegal. Lo que puede estar en situación irregular es su situación administrativa”, sentencia.

La frase parece una precisión jurídica, pero es también una frontera ética. Porque las palabras, en materia migratoria, pesan. Decir “ilegal” sobre una persona no describe un trámite: la coloca bajo sospecha. La convierte, simbólicamente, en culpable. Y Raúl insiste en que no es un asunto penal, y que estar en situación administrativa irregular no convierte a nadie en delincuente.

El informe que todos buscan

Muchas personas que quieren acogerse a esta regularización extraordinaria necesitan acreditar antecedentes penales, certificados oficiales o acreditaciones administrativas entre las que se encuentra el informe de vulnerabilidad: “Para elaborar el informe de vulnerabilidad es necesaria una entrevista personal con la persona solicitante. Ahí es donde se genera el problema, porque hay muchas solicitudes y muy poco tiempo. El plazo termina el 30 de junio y estamos ya en mayo. Mucha gente está preocupada porque todavía se están recibiendo solicitudes para hacer las entrevistas”, detalla Hirakawa.

Sobre el papel, hay alternativas: “El informe de vulnerabilidad puede sustituirse por otras vías. Por ejemplo, si la persona presenta un precontrato de trabajo, ya no necesita el informe de vulnerabilidad. También puede presentar una declaración de que va a trabajar como autónoma. Otra posibilidad es que tenga ascendientes regularizados viviendo en España”, enumera Raúl. Pero en la práctica, muchas personas acaban en la misma casilla: “La mayoría no tienen un precontrato, no van a iniciar una actividad como autónomas y tampoco tienen familiares ascendientes regularizados aquí. Por eso, acaban necesitando el informe de vulnerabilidad. Además, conseguir un precontrato tampoco es sencillo”, recuerda.

Y es aquí donde empieza el cuello de botella. El problema es que el procedimiento llegó antes que las instrucciones: “Los consulados, embajadas y administraciones no están preparados. Y esto pasa en todos los procesos de regularización”, comienza diciendo el experto. “No es que una regularización sea algo absolutamente nuevo para España. Ya hubo procesos anteriores con distintos gobiernos. Pero cada proceso genera una carga enorme de trabajo para los consulados, para las administraciones públicas y para los servicios sociales”, continúa. “El problema es el plazo, el cual veo necesario que se amplíe, ya que aún se están recibiendo solicitudes para entrevistas. Después, hay que entrevistar a cada persona, valorar sus circunstancias y emitir el informe de vulnerabilidad”, añade.

La vulnerabilidad como prueba

Hay una paradoja que atraviesa todo el proceso: pedir a personas en situación administrativa irregular que demuestren una vulnerabilidad que, en muchos casos, ya viene implícita en su propia situación.

Sin autorización para trabajar, el acceso al empleo formal queda bloqueado. Sin contrato, muchas personas quedan empujadas a economías informales. Sin papeles, cualquier trámite cotidiano puede convertirse en una amenaza. Sin ingresos estables, desplazarse a otra ciudad para obtener un documento consular puede ser un lujo: “Yo me pregunto, a título personal, si era necesario exigir este informe a un colectivo que ya está en situación irregular. Es evidente que estas personas tienen dificultades económicas, porque no pueden acceder a un empleo legal si no tienen autorización para trabajar. A veces parece una contradicción: se les pide demostrar una vulnerabilidad que, en muchos casos, ya es evidente”, reflexiona.

Y así, la administración pide una prueba que la vida ya había presentado antes.

El pasaporte perdido y el miedo a la comisaría

La angustia administrativa de estos meses puede condensarse en una historia basada en un caso real, que Raúl cuenta a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: “Una mujer migrante fue a empadronarse y perdió el pasaporte. La solución lógica sería denunciar la pérdida ante la Policía Nacional. Pero esa lógica se rompe cuando aparece el miedo: si acude a comisaría y comprueban que está en situación irregular, teme que puedan abrirle un expediente de expulsión”, narra.

“Si alguien encuentra el pasaporte y lo entrega a la policía, solo ella podría recogerlo por protección de datos. Nadie puede hacerlo en su nombre. Pero si ella no se atreve a ir, el documento queda atrapado en una especie de círculo cerrado”, explica. “La alternativa sería pedir un nuevo pasaporte en el consulado de su país. Eso puede implicar desplazarse, probablemente a Madrid, pagar, esperar y volver a reorganizar todo el expediente. Más tiempo. Más dinero. Más incertidumbre”, añade. Una situación a la que hay que sumarle la angustia de una persona que quiere regularizarse cuanto antes.

La confusión de la TIE: ¿Cuándo se puede trabajar?

Uno de los puntos más importantes del procedimiento no está en el inicio, sino en una fase intermedia: la admisión a trámite. Raúl insiste en una idea que considera clave, si la solicitud se admite a trámite, la persona ya puede trabajar. No tiene que esperar a la resolución definitiva ni a tener físicamente la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero): “Primero se presenta la solicitud. Después, en un plazo aproximado de 10 a 15 días, debería llegar una respuesta indicando si se admite a trámite. Si se admite, esa admisión ya habilita para trabajar, tanto por cuenta ajena, como por cuenta propia. Luego, la administración dispone de un plazo de tres meses para resolver si concede o no la autorización de residencia extraordinaria. Después vendrá la TIE, que también puede demorarse”, detalla Hirakawa.

El problema es que muchos empleadores no lo saben. Y, según Raúl, algunas gestorías están informando mal: “Hay gestorías que dicen a sus clientes que no contraten hasta que la persona tenga la TIE”, explica. “Pero si esperan a la tarjeta física, están retrasando innecesariamente la incorporación laboral”, aclara. “Con la admisión a trámite, el trabajador puede llevar ese documento al empleador, firmar el contrato y darse de alta en la Seguridad Social. No hace falta esperar a la tarjeta física”, recalca.

En Zamora, la regularización extraordinaria ha abierto una puerta, pero muchas personas siguen detenidas ante el umbral, no por falta de voluntad, sino por falta de tiempo, información y acompañamiento. Y mientras el calendario avanza hacia el 30 de junio, la pregunta ya no es solo cuántas solicitudes podrán presentarse a tiempo, sino cuántas vidas quedarán otra vez suspendidas por un papel que no llegó, una cita que no se dio o una administración que aprendió el procedimiento demasiado tarde.

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