La Cámara de Contratistas paraliza dos proyectos de Monte la Reina por valor de 17 millones de euros

Al campamento militar de Monte la Reina le ha surgido un obstáculo inesperado, el de la Cámara de Contratistas, una organización empresarial del sector de la construcción que ha presentado recursos contra dos proyectos del futuro acuartelamiento que suman conjuntamente una inversión de 17 millones.

La Cámara de Contratistas ha hecho uso del recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de Recursos Contractuales Central, es decir, el nacional y no el que tiene su sede en el Consultivo de Zamora, que de momento le ha dado parcialmente la razón en uno de los asuntos, la urbanización de tres parcelas y ha paralizado cautelarmente el otro, el edificio de alojamiento logístico de mandos número 1.

En este último caso se trata de una obra de 3,9 millones de euros que sacó a concurso el Ejército de Tierra, cuya licitación se encuentra en suspenso hasta que se pronuncie el Tribunal Central de Recursos Contractuales.

Por suerte, las resoluciones de este órgano son mucho más rápidas que las de la justicia ordinaria, por lo que en cuestión de semanas se tendrá ya una decisión sobre el fondo del asunto.

En el otro contrato, en cambio, la Cámara de Contratistas llevaba razón en algunos de los argumentos expuestos, por lo que el procedimiento no puede seguir adelante hasta que se reelaboren los pliegos para sacar de nuevo a licitación la urbanización de las parcelas M9, M11 y M12 de Monte la Reina, por parte de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste del Ministerio de Defensa, valorados en 13,8 millones de euros.

El Tribunal de Recursos entiende que la Cámara de Contratistas está legitimada, como asociación empresarial del sector, para presentar los recursos contra estos pliegos.

Los argumentos se justifican en aspectos muy técnicos para supuestamente asegurar la libre concurrencia a la ejecución de las obras. Pero a nadie se le escapa que la mayoría de los contratos de Monte la Reina, y son muchos los que se han adjudicado ya, han sido mayoritariamente para empresas gallegas (sobre todo la orensana Proyecon Galicia) o grandes constructoras nacionales, como Ferrovial (19 millones para la urbanización general del campamento), mientras las firmas de Castilla y León "no se comen un rosco".

Los argumentos

El Tribunal considera lógica la exigencia de Defensa que las empresas licitadoras dispongan de los técnicos adscritos a esta obra (la urbanización de las tres parcelas) con una titulación concreta. Exigencia que se sustenta por la importancia del proyecto. Por tanto, los licitadores deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales con la titulación y experiencia requerida.

Sin embargo, da la razón a la Cámara de Contratistas cuando rechaza que la visita al campamento sea un requisito obligatorio para poder presentar oferta y la obligación de precisar, desde el inicio, qué profesionales concretos se van a encargar de llevar a cabo los trabajos, cláusulas ambas que anula el Tribunal.

Suscríbete para seguir leyendo