El sindicato ANPE pide que la reducción lectiva para mayores de 55 años sea real y no solo una previsión teórica

“Es imprescindible que las medidas comprometidas en septiembre de 2025 no se queden en el papel y sean una realidad desde el 1 de septiembre de 2026, con el inicio del curso 2026-2027”, sostienen desde ANPE-Castilla y León, que ha reclamado a la Consejería de Educación el cumplimiento efectivo del acuerdo alcanzado hace meses y, en especial, de dos de las demandas que el profesorado considera prioritarias: la mejora de la función tutorial y la reducción lectiva para los docentes mayores de 55 años.

Desde el sindicato recuerdan que la tutoría sigue siendo una pieza clave del sistema educativo, pero advierten de que continúa recayendo en gran medida sobre el esfuerzo personal de los docentes, sin una compensación suficiente ni en tiempo ni en reconocimiento. “No puede seguir siendo una responsabilidad esencial sostenida casi exclusivamente por la voluntad del profesorado”, defienden, al tiempo que reclaman una regulación específica para todas las etapas educativas que contemple reconocimiento administrativo, reducción horaria y compensación retributiva.

Junto a ello, ANPE insiste en que la reducción lectiva para los mayores de 55 años debe implantarse “de forma real” y no solo como una previsión teórica. El sindicato vincula esta medida tanto a la mejora de las condiciones laborales como a la prevención del desgaste profesional, y la plantea también como una forma de reconocer la experiencia acumulada por quienes llevan décadas ejerciendo en la enseñanza pública.

La organización sindical avisa de que ambas iniciativas necesitan desarrollo normativo y dotación presupuestaria suficiente para evitar que queden en una mera declaración de intenciones. “Lo importante no es solo anunciar medidas, sino cerrar su aplicación antes de que arranque el próximo curso escolar”, subrayan.

Además de estas dos reivindicaciones, ANPE pide que se avance en otros puntos recogidos en el mismo acuerdo firmado en la Mesa Sectorial de Educación el 22 de septiembre de 2025. Entre ellos, cita la mejora de la aplicación ATDI, con menos incidencias y procedimientos más ágiles; la reducción de la carga burocrática en los centros; y la revisión de las licencias y permisos del personal docente de la enseñanza pública de Castilla y León para adaptarlos a la realidad social actual.

Desde el sindicato recuerdan que los compromisos suscritos con la Administración educativa deben cumplirse en los plazos fijados y reclaman un calendario claro de aplicación y seguimiento. A su juicio, el profesorado de Castilla y León necesita “mejoras concretas” en sus condiciones laborales y más herramientas para desempeñar su trabajo en mejores condiciones.