Retrasos administrativos y objeción de conciencia: los obstáculos que dificultan la prestación de ayuda para morir en Zamora

“Aquí hay poca información. No tenemos datos de Zamora como tal”. Carmen Riesco, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Zamora, responde sin rodeos. Al otro lado del teléfono, la conversación arranca con una dificultad que atraviesa todo el sistema: la falta de cifras concretas. Los últimos datos abiertos sobre la Prestación de Ayuda para Morir corresponden al Informe Anual de 2024 del Ministerio de Sanidad, un documento en el que la información queda diluida en estadísticas autonómicas. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, en 2024, se pusieron en marcha 40 procesos; se realizaron 15 prestaciones; seis denegaciones y tres revocaciones en Castilla y León. Además, 16 personas fallecieron durante la tramitación.

“El informe de 2024 habla de la comunidad, no de Zamora”, añade. Y ese matiz, aparentemente técnico, marca una diferencia sustancial que impide conocer con precisión cuántas personas solicitan la prestación en la provincia, cuántas la obtienen o cuántas se quedan en el camino.

Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021, Castilla y León ha seguido una evolución propia, con ritmos y dinámicas distintas a otras comunidades: “Hay diferencias enormes entre territorios”, explica Carmen. En teoría, el procedimiento está diseñado para resolverse en un plazo de entre 30 y 40 días. En la práctica, en esta comunidad “se está yendo a más de 50”, aclara.

Ese retraso no es solo una cuestión de plazos administrativos. Tiene consecuencias directas: “Hay muchas personas que fallecen durante el proceso”, señala. Algunas, incluso, “se suicidan antes de que llegue la resolución”. Son situaciones que aparecen reflejadas en los informes autonómicos y que, según las asociaciones, evidencian las dificultades reales de acceso.

"El itinerario que marca la ley es exigente y deliberadamente garantista. La solicitud debe partir siempre del propio paciente, de forma consciente, reiterada y libre. Si la persona no puede expresarse, solo cabe recurrir a lo que haya dejado por escrito previamente en un documento de instrucciones previas, conocido como testamento vital. En ausencia de esa manifestación, nadie puede decidir por ella", explica Riesco.

El proceso se articula en varias fases: "Primero interviene un médico responsable, que evalúa la situación clínica y la voluntad del paciente. Después, un médico consultor independiente debe validar el caso. Finalmente, el expediente pasa a una comisión de garantía y evaluación, integrada por perfiles sanitarios y jurídicos, que tiene la última palabra", enumera. “Ahí está uno de los problemas”, apunta Carmen. “En Castilla y León hay miembros de estas comisiones que están en contra de la eutanasia”. Aunque la ley establece criterios objetivos, la interpretación puede verse condicionada: "Si la comisión rechaza la solicitud, el paciente puede recurrir. Pero cada recurso implica semanas adicionales de espera", determina.

A ese escenario se suma otro factor clave, la objeción de conciencia: “Hay profesionales que no quieren implicarse”, explica. En esos casos, "el sistema debería garantizar una derivación ágil a otro médico". Sin embargo, “no siempre ocurre de forma inmediata”. El resultado es un nuevo retraso en un proceso donde el tiempo es un elemento crítico.

El caso reciente de Noelia ha vuelto a poner la Prestación de Ayuda para Morir en el ojo mediático: “Ha sido distinto porque ha habido intervención externa”, comenta Carmen, en referencia a la participación de asociaciones como Abogados Cristianos. No es lo habitual. “En general, si tú decides, nadie puede hacerlo por ti”. La ley es clara en ese punto: la decisión es estrictamente personal. La exposición mediática del caso ha generado un intenso debate público: “Hemos visto mucho tratamiento mediático y muchos bulos”, lamenta. Para las personas implicadas, añade, “ha sido duro”.

En este contexto, el testamento vital cobra un papel central. Se trata de un documento en el que una persona deja constancia de cómo desea ser tratada en situaciones en las que no pueda decidir por sí misma. Incluye desde la aceptación o rechazo de determinados tratamientos hasta la posibilidad de solicitar la eutanasia en las condiciones previstas por la ley: “Es un documento muy importante, pero todavía poco conocido”, explica Carmen. Desde la asociación trabajan precisamente en esa línea: informar y facilitar su comprensión.

En Zamora, su tramitación se ha ido simplificando: "Actualmente, puede formalizarse en la Gerencia de Salud o en centros de salud, solicitando cita previa. Existen tres vías: ante un funcionario habilitado, ante tres testigos o ante notario. Salvo en este último caso, el procedimiento es gratuito", detalla. “El documento es completamente personal. Cada uno puede redactarlo como quiera, adaptarlo, modificarlo…”, subraya. También puede incluir aspectos como la donación de órganos o instrucciones sobre el destino del cuerpo. Una vez elaborado, es recomendable inscribirlo en el registro oficial para que esté accesible al personal sanitario en todo el territorio nacional. Ese registro, en Castilla y León, cuenta con un plazo máximo de dos meses para resolver la inscripción. Un trámite administrativo que, aunque ajeno al proceso de eutanasia en sí, resulta clave para garantizar que la voluntad del paciente pueda ser consultada llegado el momento.

Desde DMD Zamora, el trabajo se realiza con recursos limitados: “Somos un grupo pequeño, unas diez personas”, explica Carmen. Aun así, mantienen una actividad constante y colaboran con profesionales de Salamanca, donde existe mayor experiencia práctica en la aplicación de la ley.

Pese al impacto del caso de Noelia, no han detectado por ahora un aumento significativo de solicitudes de información: “También es pronto, han pasado pocos días”, matiza. Lo que sí perciben es una creciente necesidad de claridad: “Hay mucha desinformación”.

Otro de los elementos que condiciona el acceso es la distribución de la prestación entre sistemas sanitarios. En Castilla y León, prácticamente todos los procedimientos se realizan en la sanidad pública: “En la privada casi ninguno”, apunta. El resultado es un mapa desigual, donde el ejercicio de un derecho reconocido por ley depende de múltiples factores: la comunidad autónoma, la disponibilidad de profesionales, la composición de las comisiones y, en última instancia, el tiempo.

Y en Zamora, además, con una incógnita añadida: la falta de datos propios que permitan dimensionar el problema con precisión. Mientras tanto, las historias individuales avanzan, o se detienen, dentro de un sistema que todavía busca su encaje real.