Sexo, mentiras y crosscube en Zamora

Una relación sentimental rota, una posterior sociedad conjunta que salta por los aires y unos intentos de venganza en forma de supuesta apropiación de los beneficios de un gimnasio y de un piso turístico son los ingredientes del explosivo cóctel que ha acabado con las denuncias cruzadas de R.V.F. y E.S.M. que han terminado con ambos sentados en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zamora con cargos de apropiación indebida.

El hombre, R. F. V. abrió en Zamora un gimnasio de la disciplina tipo Crosfit (un tipo de entrenamiento intenso de fuerza y otras habilidades), un negocio que amplió junto con una socia, E.S.M., con la que formó la sociedad Villar y Maldonado. El negocio de los dos socios, entonces pareja, situado en la zona de la Ciudad Deportiva, se amplió tanto con el local, las máquinas y la cartera de clientes de él como con la formación y dinero también de ella, con la ampliación del local y la adquisición de nuevo material y gracias a una subvención de unos 43.000 euros.

Precisamente la subvención era la causa de que la mujer tuviera un porcentaje de participaciones en la sociedad, un 54%, algo más alto que la del hombre.

Ambos compartían también la propiedad de un piso en Madrid, que habían adquirido como inversión con el fin de destinarlo a vivienda turística con Airbnb, financiándolo con una hipoteca.

En un momento determinado la relación sentimental se acaba, ambos encuentran nueva pareja, pero en la gestión del gimnasio continúan como socios.

Hasta que el vínculo se rompe del todo y comienzan las hostilidades, que acaban con un cruce de acusaciones de apropiación indebida en el que cada cual expuso su verdad.

Versiones

R.F.V. asegura que fue él quien había iniciado la actividad del gimnasio, el primero que se puso en Zamora de estas características, al que aportó no solo la cartera de clientes, sino también las máquinas y material, el local arrendado a la Asociación Deportiva Amigos del Remo y dinero.

Explica que tras la ruptura sentimental las cosas siguieron funcionando si bien en un momento determinado la mujer le envió unos WhatsApp metiéndose con su nueva pareja, lo que motivó una denuncia policial y la detención de su entonces socia. A raíz de este incidente, E.S.M. despidió al hombre de su propia empresa, ya que trabajaba dando clases y le envió un burofax en el que él exigía que no volviera a aparecer por las instalaciones.

Desde entonces, no ha visto un euro de las ganancias del negocio, por lo que reclama el pago de cantidades que la Fiscalía estima en 74.589 euros.

La otra socia, E.S.M., cuenta otra versión de los hechos, y dice que fue ella la que tuvo la idea del negocio, la que se formó para llevarlo a cabo y la que solventó la mayoría del trabajo engorroso para sacar adelante el gimnasio.

Asegura que uno de los asuntos que enturbió la relación fue que una inspección de trabajo sorprendió a su socio dando clase sin estar dado de alta, lo que era incompatible con el cobro de una pensión que tenía. En ese momento le exigió que renunciase a la pensión o dejase de trabajar, a lo que él se negó. La gota que colmó el vaso fue un robo que se perpetró en las instalaciones del gimnasio en el que pudo estar detrás R. F. V. Fue lo que motivó que le enviara un burofax para que no volviera a aparecer por el negocio.

Dijo que la denuncia por el supuesto envío de WhatsApp que su expareja denunció a la Policía quedó archivada.

En el juicio declararon varios testigos, algunos de los cuales trabajaron en su momento para este gimnasio, pero ahora han abierto centros propios y son la competencia.

Ahora él le reclama a ella el dinero que ha dejado de percibir como socio que sigue siendo del negocio y le acusa a ella de apropiación indebida. E.S.M. asegura que ha seguido administrando la sociedad con normalidad, que no es tan rentable como dice su exsocio pero en todo caso no se niega a que recupera su dinero.

Piso en Madrid

Otro punto de fricción es el del piso compartido en Madrid. E.S.M. asegura que su expareja abrió otra cuenta para quedarse él solo con las ganancias de la propiedad. Además, cuando Madrid cambió la normativa, el piso que mantenían en Airbnb no cumplía la legalidad, por lo que la mujer pidió al hombre que dejara de alquilarlo, ya que las multas por alquileres turísticos ilegales pueden ser de hasta 60.000 euros.

Acusa al que fuera su pareja de mentir para evitar dejar el piso diciendo por ejemplo que vivía en el inmueble (cosa que, comprobó, era incierta) e inventándose averías para generar facturas con las que justificar que el piso daba unos gastos más altos de los reales. En todo caso le reclama su parte de los beneficios del piso que se quedó para sí el hombre, cuando en realidad son a medias, unos diez mil euros según los extractos bancarios a los que han podido tener acceso que seguramente sean una cantidad superior.

Él por su parte asegura que el cambio de cuenta vino motivado porque en la cartilla común que tenía con su expareja para el piso, todo dinero que entraba era sacado inmediatamente, incluso en día anterior al que giraban el recibo de la hipoteca. Tras varios intentos por reconducir la situación, sin éxito, el hombre decidió abrir una nueva cartilla donde derivó todo lo relacionado con el piso, no solo los ingresos, sino también los gastos.

Esta papeleta es la que tienen que ventilar los magistrados de la Audiencia Provincial. La fiscal pide para la mujer cuatro años de cárcel por un delito de apropiación indebida agravado, al superar la cantidad más de 50.000 euros y para el hombre dos años por un delito siempre de apropiación indebida.

La acusación de RV.F. pide para E.S.M. tres años de cárcel e indemnizaciones que suman 90.000 y 23.589 euros. Y la acusación de ella pide contra él nada menos que ocho años de cárcel: cuatro años y seis meses por un delito de administración desleal, tres años por estafa y uno y medio por coacciones.