"Urge una política forestal a 20 años" para combatir los incendios de sexta generación: hablan los propietarios de montes y agentes forestales

Si en 2026 Zamora sortea los incendios de sexta generación será porque la climatología dará un respiro, pero no porque desde la Junta de Castilla y León se esté aplicando una política forestal alejada del cortoplacismo, según los afectados, y adecuada a las nuevas circunstancias que indican que los grandes fuegos se sucederán cada dos o tres años.

Eso es precisamente lo que reclaman los agentes implicados en gestionar los montes privados, que abarcan el 70% de la superficie total en la provincia de Zamora y los profesionales medioambientales que se contratan para realizar los trabajos específicos durante los meses de invierno y primavera o, "cuando ese esfuerzo no se ha hecho adecuadamente", para sofocar los incendios.

Las personas consultadas coinciden en la urgencia de establecer una estrategia, una política consensuada, pilotada por la Junta pero en la que tengan cabida las aportaciones y reivindicaciones de todos los agentes involucrados en el sector forestal y selvícola, propietarios de montes, ganaderos y agricultores que conocen el terreno a fondo.

Mesas forestales y de monte

Pero "no se ha hecho nada" desde la Administración autonómica tras los grandes incendios del verano de 2022 y de este 2025. Por ello, apremia "plantearse trabajar en mesas forestales y de monte", añaden agentes forestales contra incendios. El objetivo de ese trabajo en común es diseñar una política para intervenir en el ámbito forestal todo el año con el material adecuado cuando las altas temperaturas no aconsejen usar maquinaria.

Un organismo a crear que reúna a todas esas partes públicas y privadas en aras de "una coordinación y teniendo en cuenta la realidad", lo demás, los decretos ley que se aprueban sirven "para salvar un poco la cara", apunta la Asociación Forestal de Zamora (Asfoza). Esta organización subraya que "no hay ayudas suficientes para todos los particulares y hay muchas hectáreas para las que llevan años solicitando esas subvenciones para desbrozar, clarear, entrecortar, recoger y eliminar restos. Se deniega a muchísimos propietarios por falta de dinero, de las últimas ayudas de 2021 quedó fuera un 70% de propietarios".

Asfoza incide en lo imprescindible de "tener fondos y no solo legislar desde la imposición, eso es darle la vuelta al asunto, no conocer la realidad del mundo rural, hay que coordinarlo entre todos", expone Carlos Gómez Corral ingeniero de esta asociación que reúne a más de 800 propietarios que agrupan a unos 2.500 titulares, que poseen una media de entre 3 y 5 hectáreas por cada uno. La inversión para mantenerlas limpias es de entre 1.000 y 1.800 euros por hectárea, un dineral si se tiene en cuenta que hay unas 400.000 hectáreas de superficie forestal privada, las cuentas están claras.

Más presupuesto en ayudas y mas cadencia en la convocatoria

La última convocatoria de ayudas de la Junta, que fue en 2021, fue 30 millones, ampliada a 41 millones, un parón en el que no ha influido la catástrofe de la Sierra de la Culebra que arrasó casi 70.000 hectáreas ni la de este último verano cuando los tres incendios de Molezuela, Porto y Puercas devastaron casi 26.000 hectáreas. La línea de ayudas de Medio Ambiente para prevención de daños a los bosques y silvopastorales para explotaciones ganaderas y para desbrozar se convocaron en Navidad de 2021 y se está a la espera de que este 2026 se aprueban otras. "El inconveniente es que son para cuatro años con un plan de intervención". Aún se están ejecutando ayudas de esa convocatoria, pero "vendría muy bien que se hubiera convocado antes para que los que se quedaron fuera de la subvención, alrededor de un 70% de propietarios, pudieran realizar trabajos".

La reivindicación se realiza con una puntualización: la escasez de personal en Medio Ambiente para tramitar los expedientes de esas ayudas, "la carga de trabajo es inasumible para la Consejería si quiere atender adecuadamente el monte", apuntan los propietarios para romper una lanza en favor de las cuadrillas contra incendios forestales "que tienen un convenio malísimo. Del sector forestal nos acordamos en verano y poco más".

Critican con dureza a la Administración autonómica porque "nos regatea en trabajos de motosierra, desbrozadora o recogida de restos y exigir resultados como si pagaran a coste real. Si mandan a Tragsa, lo hace por 1.800 euros, pero si lo hace la empresa privada tiene que arreglarse con 800 euros, y la gente machacada". La solución no está en adjudicar a Tragsa, como acaba de hacer la Junta, o a Somacyl, "aquí todos sumamos", indican para agregar que "dentro de un año o dos, cuando haya un gran incendio, echaremos la culpa al consejero o la Junta".

Desde la Asociación Forestal, se pide a Valladolid que no se castigue al propietario particular, "que se le apoye y que se sepa qué problemas tiene, con nosotros no se ha reunido nadie ni nos han preguntado" antes de sacar normativas. La consejería fija los criterios para conceder esas ayudas y "complica el acceso con condiciones como una extensión de superficie mínima a licitar la ayuda, esto implica la exclusión de muchos propietarios salvo que se agrupen, lo que no resulta fácil con la consecuencia de que los trabajos de mantenimiento se van demorando y después vienen los problemas".

Gómez Corral advierte que si el monte no se limpia "se va densificando y llenando de broza, de matorral, pero si se reduce a su debido tiempo, aunque habrá incendios, estos quemarán 1.000, 2.000 o 3.000 hectáreas, no 10.000, 25.000 o 30.000", como sucedió el verano pasado en los tres grandes incendios que hubo, o en 2022 cuando se quemó la Sierra de la Culebra.

Los ganaderos: Aumentar partidas presupuestarias

Los ganaderos exigen también esa reducción de tiempos en la convocatoria de ayudas que "nos viene bien para despejar la masa silvopastoril, pero también para los montes de utilidad pública, se genera empleo en las zonas porque las empresas contratan a gente de nuestros pueblos, es un revulsivo para fijar población". La intervención de la Junta se presenta como fundamental para "impedir que el monte se amatoje y acabe siendo una selva si continúa la pérdida de población". La preocupación en el sector es máxima, "hay que hacer más, invertir en lo que es la limpieza y la prevención" de los fuegos, "aumentar partidas presupuestarias, convocar con más frecuencia las ayudas, también para proteger cultivos y los núcleos urbanos con planes de prevención adecuados".

Este ganadero de la zona de Tábara pide que se les tenga en cuenta "como moradores de los pueblos y conocedores del campo, sabemos dónde hay que actuar, por dónde atajar los fuegos y dónde están los intereses de cada industrial, de los dueños de castaños, de árboles frutales, de recolectores setas" en montes públicos y privados.

Recursos a la población

En ese sentido, los agentes medioambientales entrevistados inciden en que "los tiempos de la naturaleza son distintos a los del político, necesitamos miradas a largo plazo, fijar población y generar empleo, ya que el cambio climático, por desgracia, está aquí y los incendios incontrolables requieren que la población rural esté formada para saber cómo actuar frente a ellos para que los pueblos no acaben vacíos". Por supuesto, "las poblaciones tienen que tener recursos para que las llamas no entren en el casco urbano y los ayuntamientos tienen que ser rigurosos con el abandono de las fincas dentro de sus municipios y en el perímetro", apunta Lorenzo Ferrero, agente medioambiental del sector forestal de UGT.

El agente medioambiental que ha trabajado en primera línea de fuego coincide con el resto de entrevistados en que "hay que programar actuaciones a largo plazo y de forma sostenible en el tiempo" para romper la ecuación favorable a los incendios de sexta generación: "un clima de lluvias copiosas en tiempo concentrado, periodos de sequía en los que el brote de vegetación combustible es incontrolable, unido al abandono del medio rural". Estos incendios "son un síntoma de ese abandono, ocurren en Zamora, León, Salamanca y el noroeste de Galicia, donde no hay gente que aproveche el pasto, el equilibrio se ha roto porque no hay población que mantenga la presión sobre el material combustible".

Las políticas deben ser a 10 o 20 años, con un marco económico claro de inversiones e incluir un pacto que facilite, pues, vivir en los pueblos para lo que es preciso que haya viviendas, sanidad, servicios y vías de comunicación adecuadas. Y, por supuesto, los operativos de extinción "deben ser de primera división, con medios que ahora son los mismos que hace 30 años. Bastante hacen con lo que tienen".

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