La entrada de Tragsa en antiincendios, "un golpe para el empresariado local"

La decisión de la Junta de Castilla y León de adjudicar a Tragsa las 49 cuadrillas de bomberos antiincendios supondrá "un golpe para las empresas" de Zamora que venían realizando esta función, especialmente para aquellas que trabajan solo en la provincia y que cuentan con plantillas fijas. "Al final, es un parche por si la gestión de los incendios no es la adecuada, que haya una cabeza de turco que deje a la Junta exenta de responsabilidad", consideran algunos empresarios consultados por este diario que se remitían al desastre de la Sierra de la Culebra.

La nueva situación generará, además, dos categorías profesionales: los de Tragsa, con un convenio forestal mucho mejor; y los trabajadores forestales dependientes de la Junta que tienen un convenio sin renovar desde 2023, solamente modificado para ajustarlo a las subidas del salario mínimo interprofesional y que no cobran, por ejemplo, los días de lluvia ni pluses de festivos.

Asimismo, temen que la decisión tenga consecuencias para todo el sector porque "de algún sitio tendrá que sacar la Junta el dinero para afrontar el encarecimiento de las nuevas plantillas que se acogerán al convenio de Tragsa", personal que será un 30% más caro que el que tienen en plantilla las empresas forestales, apuntan propietarios de estas sociedades privadas. A ese porcentaje, suman la bajada de coste que se deriva de la licitación y que estiman en una media del 10% o 12%, es decir, el aumento del presupuesto que llevará a Tragsa a encargarse de la gestión de las cuadrillas antiincendios y que se traduce en más del 40% del que barajan las empresas privadas.

A esta circunstancia, se añade la eventualidad de los bomberos y de los forestales que contrate la sociedad pública, que no serán fijos "como nuestro personal", apostilla otro empresario de Zamora, "se contratarán cada año" para afrontar campaña a campaña.

Posibles recortes

La inquietud en el sector privado es máxima porque se temen que haya recortes en las partidas presupuestarias para otros tipo de obras que la Consejería de Medio Ambiente contrata con ellas, lo que inevitablemente repercutirá en sus ingresos. "El nuevo contrato con Tragsa puede suponer reordenar los presupuestos destinados a otras intervenciones" que se contratan con las empresas forestales privadas, con lo que se verían perjudicadas doblemente.

Las primeras quejas de la Asociación Nacional de Empresas Forestales se dirigían a la falta de un compromiso encaminado a la subrogación de estos profesionales que trabajan en la prevención de incendios para evitar un perjuicio en el ámbito laboral y asegurar la especialización en esa función antiincendios. Este es otro de los extremos que critican con dureza los empresarios, puesto que contratar año a año a nuevos profesional "implica un mayor riesgo en esa gestión".

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