La Diputación de Zamora defiende la autonomía municipal sobre los macroproyectos de biogás

La Diputación de Zamora ha acordado por unanimidad manifestar su preocupación "ante la posible instalación de plantas de biogás en la provincia por su impacto ambiental, sanitario, económico y sobre el tráfico rodado". Solicita que "los estudios de impacto ambiental o se realicen de manera individual para cada planta, si no de forma conjunta, considerando el efecto acumulativo de todas las instalaciones proyectadas en el entorno y su impacto global sobre los municipios y la comarca".

Además, solicita el establecimiento de una distancia mínima entre dos proyectos y defiende la autonomía local a la hora de autorizar la instalación de una macroplanta de biogás, para que sean los vecinos los que decidan si quieren o no este tipo de instalación en su término municipal.

Es el texto que ha salido del Pleno de la Diputación de Zamora de este viernes, una solución de compromiso adoptada por todos los grupos políticos, que han cedido en sus posiciones máximas en aras de alcanzar un consenso. En realidad todo partió de una moción presentada por Izquierda Unida, similar a otra que ya había sido rechazada con anterioridad. En la votación para la toma en consideración (se vota la urgencia, trámite que aprovecha normalmente la mayoría para tumbar las propuestas que no le interesan) parecía que el texto iba a seguir el mismo camino, si bien la votación arrojó un resultado sorprendente, ya que algunos votos del PP, que proponía la abstención, se volvieron verdes y dieron al si trece sufragios frente a las 11 abstenciones.

Laura Rivera, de IU, defendió su moción que pedía además a la Junta que facilite la información sobre los proyectos a cualquier ciudadano, sin poner trabas burocráticas a las alegaciones, que no se autorice ningún proyecto sin un análisis independiente previo sobre sus efectos en la salud pública, en medio ambiente, la agricultura y ganadería y el turismo y una prioridad de las ayudas públicas para los proyectos municipales o cooperativos.

El diputado socialista por Toro, Carlos Rodríguez expresó la preocupación por el impacto de este tipo de instalaciones, aunque no es partidario de prohibirlas, sino de sopesar los efectos positivos de este tipo de inversiones sobre la economía y la gestión de residuos, pero aminorando sus efectos negativos o su concentración excesiva (como ocurre con la gran cantidad de proyectos situados a menos de media hora de la ciudad de doña Elvira), para evitar que la provincia se convierta "en un vertedero".

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ofreció a continuación su apoyo al contenido de la moción si se modificaban algunos puntos, propuesta finalmente apoyada por todos los grupos, los citados más Zamora Sí, conscientes de que es mejor un acuerdo unánime que nada y porque al menos hay una manifestación política que refleja la preocupación vecinal en la provincia por la proliferación y el impacto de este tipo de instalaciones.

La misma fórmula se utilizó para una segunda moción de IU en favor del pueblo saharaui y su derecho de autodeterminación reconocido por la ONU, apoyada finalmente por unanimidad al pedir el PP que sé eliminarse un párrafo con duras expresiones contra la represión marroquí en este territorio.

Fueron los coletazos finales de una sesión plenaria que acabo con una sonrisa y felicitación de pascuas, pero que tuvo sus momentos de rifi-rafe.

Rifi-rafes

El primero fue a cuenta de las subvenciones nominativas, las ayudas que se otorgan "a dedo" que llegan a un 30% del presupuesto del capítulo IV (transferencias) y que de los 6,9 millones de euros previstos acabó en 24,4 millones, es dedicar un 253% más. La oposición esgrimió los informes de Intervención y Secretaría que critican el hecho de que una fórmula que debe ser excepcional se convierta en la forma habitual de conceder subvenciones y que lejos de ir a menos, sigue aumentando, sin que existan tampoco informes sobre la necesidad de estas inyecciones de dinero a entidades, municipios y asociaciones ni se evalúen sus resultados.

Laura Rivera habló de "caciquismo" por el uso del sistema de concesión de subvenciones a dedo, mientras la socialista Sandra Veleda advertía de que se puede estar vulnerando "el principio de igualdad".

Respondió el vicepresidente Víctor López de la Parte, leyendo un informe del Ayuntamiento de Zamora en el que los técnicos reprochan lo mismo, el gran porcentaje de subvenciones que se dan de forma directa y que es incluso mayor que en la Diputación, ya que llega al 45%. Llamó por ello "cara dura" a Laura Rivera, que critica en la Diputación lo que hace ella, como equipo de Gobierno en el Ayuntamiento y con creces: "Dígame usted qué subvención quitaría. A la asociación del cáncer?"

Pero también se picó el presidente, Javier Faúndez, ante la mención al "caciquismo" que interpretó como "una falta de respeto". Añadió que las subvenciones nominativas no significa que se den discrecionalmente a dedo, sino que se otorgan con criterios objetivos como en el caso, dijo, el Dinamiza o los planes de obras. Justificó que ante necesidades como el arreglo de una carretera, un puente, o un problema de abastecimiento de agua hay que dar una respuesta "efectiva" y no "lenta y torpe" como sería abrir una convocatoria, tramitarla y resolverla tardando casi un año.

Replicó a su vez Rivera, sorprendida por el hecho de que "caciquismo" se considere un insulto y "cara dura" un halago y las referencias del presidente a su edad y a que "se le olviden las cosas desde la Plaza Mayor a la plaza de Viriato".

Sandra Veleda intervino a su vez para cortar las continuas referencias a la política de la capital: "Los asuntos de Zamora capital los resuelven ustedes en la casa de las Panaderas, porque a los 247 municipios de la provincia no nos importan en absoluto".

Faúndez cobra 66.876 euros

Y poco más dio de sí el Pleno. Hubo críticas al Plan Anual de Contratación, es decir, la planificación de contratos prevista por la Diputación para este año, porque está incompleto, y como recoge el informe técnico no cita varios contratos, como el del teléfono o la luz que toca renovar en 2026.

Se aprobaron también, sin mucha crítica (solo hubo tres abstenciones), los nuevos sueldos de la Corporación, ya que son resultado de la aplicación de la norma estatal que fija estos incrementos retributivos en el 2,5%. El presidente Faúndez cobra 66.876 euros al año, los vicepresidentes con dedicación exclusiva 51.195 y los diputados con media liberación 19.940 euros. "El sueldo medio de un Zamora no llega a 20.000 euros", dijo Laura Rivera.

También se aprobó la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo para subir en complemento específico, en aplicación del acuerdo al que se llegó con los sindicatos, dijo Ramiro Silva, responsable del área.

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