Una zamorana, imputada por distribuir sin control carne de su matadero ilegal

La imputada por un delito contra la salud pública y por falsificar documentos está acusada de utilizar su licencia para la distribución de carnes a nivel nacional para distribuir el producto despiezado en instalaciones industriales que carecían de autorización y destinarlo al consumo humano, de acuerdo con las indagaciones efectuadas por el Seprona de la Guardia Civil.

La procesada, de iniciales I.R.L. administradora única de la sociedad Gesporcer, no disponía de instalaciones industriales autorizadas para el despiece de los animales y para la venta de carne. Esa comercialización se realizaba sin registrar en ningún documento para permitir el rastreo de su procedencia y su destino, de acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía, que exige cuatro años de prisión para la procesada, tres por un delito contra la salud pública por vender carne que carecía de control sanitario; y uno de cárcel por el delito de la falsedad documental.

El Ministerio Púbico solicita, además, multas por 6.120 euros por cada uno de esos dos delitos, así como la inhabilitación por cuatro años para ejercer en una profesión, oficio, industria o comercio, ámbito en el que habría cometido las infracciones penales.

I.R.I. tenía una antigua explotación porcina en una de las dos parcelas de la carretera de Benavente en las que ubicaba su actividad industrial, denunciada ante el Seprona el 8 de agosto de 2019 que inspeccionó el negocio dos semanas después.

La investigación comenzó apenas quince días después, tras una visita a las naves de la titular del negocio que dio origen a las diligencias judiciales en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Benavente. La Guardia Civil encontró reses sin legalizar y material para despiezar y transportar la carne.

El Seprona giró una segunda inspección en la que localizó medicamentos que supuestamente se administraban al ganado cuando era necesario, de los que no existía referencia que acreditaba su procedencia, y que no había recetas entre la documentación que se llevaron de las instalaciones cárnicas.

Dieciocho reses sin crotales ni vacunas y sin control sanitario

Las naves de investigada albergaban 18 cabezas de ganado sin identificación crotal ni documentación de identificación sobre la procedencia de las reses cuando el Seprona llevó a cabo la primera inspección. Las reses tampoco estaban vacunadas, según consta en las actuaciones judiciales.

Los camiones de transporte de ganado vivo y un camión frigorífico de la dueña del negocio estaban en estas instalaciones de Villanueva de Azoague. El camión tenía en su interior una mesa metálica que se utilizaba para el despiece de animales, afirma la Fiscalía en su escrito de acusación.

Los agentes se incautaron también de varios utensilios de carnicero y dos sierras eléctricas para cortar huesos, además de una báscula para pesar, carretilla eléctrica, batas y botas como las que utilizan esos profesionales. En el interior de cajas de plástico, localizaron carne fresca que confirmaría la actividad clandestina de esta empresa benaventana.

Otras pruebas aportadas a la causa son tres sellos para marcar los canales de matadero que solo están autorizados a usarlos si se tiene licencia para una industria cárnica dedicada a matadero de ganado vivo y bajo custodia profesional, es decir, de un veterinario para garantizar que cumple con la normativa sanitaria para consumo.

58.400 kilos de carne comercializados en tres meses

Las indagaciones de la Guardia Civil determinaron que la empresaria procesada habría llegado a vender casi 58.400 kilos de carne entre junio y agosto de 2019, género que fue a parar a carnicerías y establecimientos de la comarca de Benavente y los Valles con el consiguiente riesgo para los consumidores que lo adquirían sin sospechar que el género no las reses no se habían sometido a ningún control sanitario, como tampoco las piezas que se llevaban a casa o que comían en locales de hostelería.

El cotejo de las notas de entrega que se localizaron en las instalaciones de Gesporcer y las que tenían los compradores cuando se llevó a cabo la inspección por orden judicial están descuadradas, es decir, no coinciden los datos, ni los kilos de carne.

La Fiscalía acusa a la industrial de vulnerar la normativa de transporte de animales vivos y de poner en riesgo la salud de las personas al sacrificar durante meses las reses y distribuir su carne previamente despiezada en sus instalaciones carentes de autorización para el despiece y la venta del producto obtenido. El Seprona halló en sus naves medicamentos como Indigest, Stresnil o icamicina sin una receta veterinaria, lo que agrava el delito que se imputa a la zamorana, que será juzgada próximamente en la capital tras seis años de diligencias judiciales.

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