El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceinterventora al juzgado

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el exsecretario municipal JS.G.S. y la viceinterventora del Ayuntamiento capitalino, C.H.G., se enfrentan a una querella por acusación y denuncia falsa, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por señalar al extécnico y excoordinador del servicio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria como corresponsable de un fraude de 9,7 millones de euros y malversación de caudales públicos.

La querella se enmarca en el archivo provisional de esa denuncia contra el extécnico, personal laboral sin cualificación para desempeñar la gestión que le atribuye la alta funcionaria en ese documento que sostiene la denuncia contra Zamora Limpia y contra A.G.D., a quien imputa la emisión de certificaciones falsas para facilitar el cobro indebido de servicios, en total, esos 9,7 millones de euros.

El escrito presentado ante el Juzgado de Guardia concreta que el trabajador carecía de facultades para emitir esos justificantes, "la viceinterventora sabía que mi cliente no era funcionario y, por tanto, no podía emitir facturas, ni realizar certificaciones de gastos que impliquen una factura pública o control contable, competencias que se reservan exclusivamente al funcionariado", concreta el abogado Francisco Fernández Martínez, a pesar de lo que sustenta la denuncia.

El abogado afirma que A.G.D. "advirtió de pagos indebidos, realizó reiterados informes de oposición a facturas mensuales que presentaba la UTE Zamora Limpia, advertía de que se hacían pagos por trabajos no realizados y, pese a ello, fueron abonados por el Ayuntamiento con el conocimiento de la viceinterventora, del alcalde y de los concejales relacionados con la ampliación del contrato de 2016".

"Presiones para no poner objeciones"

El excoordinador del servicio de Basuras y Limpieza Viaria del Ayuntamiento se negó, en un momento dado, a pagar facturas injustificadas y la reacción de sus superiores fue "las presiones para que no pusiera objeciones", declara su abogado. Cuando el volumen de trabajo aumenta en este área, el exempleado municipal solicitó por escrito que le dieran indicaciones de cómo actuar para controlar que los trabajos, que requerían más personal, se hacían, según su versión.

En la querella, se precisa que el empleado municipal informa de que las sustituciones de bajas laborales y de vacaciones no se realizan, pero se pagan y cuando pide un informe a Zamora Limpia al respecto el 6 de marzo de 2019, "la UTE le responde que el plan de ajuste que aplica el Ayuntamiento en 2013 -el famoso Plan Montoro para enjugar las deudas municipal- le ha supuesto una rebaja de 600.000 euros en el abono anual del servicio y que el acuerdo de Pleno de 2016 contempla compensar con el pago camuflado de esas horas aunque no se realicen. "El secretario general y el alcalde le dicen que se pague, y la viceinterventora sabía esto", agrega el abogado del ahora querellante.

Argucia para evitar al Tribunal de Cuentas

El abogado del extécnico llega a la conclusión de que la denuncia falsa impulsada por el informe de la viceinterventora es una argucia para eludir su responsabilidad y evitar que el Tribunal de Cuentas tome medidas contra ella. "Ha pretendido desacreditar al técnico del área y desviar la atención sobre responsabilidad del certificado de facturas, que era competencia de Intervención, que tenía que haber hecho reparos a esos gastos por su función de fiscalización y control contable", denuncia el letrado Francisco Fernández Martínez.

El secretario general del Ayuntamiento entonces sabía de esas limitaciones, estos altos funcionarios "sabían que mi cliente no podía certificar porque no era funcionario sino personal laboral y, por tanto, no es fedatario público", insiste el letrado.

La obligación de comprar la flota vieja

La querella desmiente la implicación del extécnico municipal (ya jubilado), A.G.D., para que Zamora Limpia se hiciera con maquinaria de la que era titular el Ayuntamiento, puesto que el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio de Basuras y Limpieza Viaria "obligaba a la UTE a comprar la flota del Consistorio y a descontar ese dinero en los primeros seis meses de la concesión".

La viceinterventora, por tanto, "sabía que era falso" que el coordinador del área, A.G.D., causara perjuicio a las arcas municipales, pero se le denuncia. Asimismo, el que era entonces secretario general del Consistorio sabía de estas circunstancias y el alcalde, Francisco Guarido, también, de acuerdo con la denuncia cursada. Otro argumento más para demostrar que nunca se debió denunciar al excoordinador.

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