Este es el veredicto completo del jurado del crimen del Lago de Sanabria

La codicia, los 12.000 euros anuales de pensión que percibía Jaime G., explican el móvil de su asesinato a manos de su casera, una prostituta de Chaves, Ana Cristina P.A.S. y de Antonio C.G.C., novio de la mujer, "vivía de mí", confesaría ella en el juicio con jurado celebrado en la Audiencia de Zamora. Antes de idear el crimen de este ciudadano portugués hallado a orillas del río Tera, en la desembocadura con el Lago de Sanabria, la pareja consiguió que la víctima, un hombre de 70 años y alcohólico, les nombrara cotitulares de su cuenta bancaria. Primero, a Antonio, apodado "Marineiro", y meses después antes de ejecutar a Jaime, el manejo del dinero pasaría a Ana Cristina.

Esta mujer que acaba de ser declarada culpable del asesinato de Jaime fue descrita como una persona violenta con los hombres a los que alquilaba habitaciones según los ingresos de cada uno. Todos ellos tenían el mismo perfil, estaban en situación de vulnerabilidad y eran mayores, alcohólicos y sin familia, lo que facilitaba su manipulación, establecía con estos inquilinos una relación de confianza y de dependencia para dominarles.

Les agredía física y psicológicamente como admitieron algunos al testificar en el juicio celebrado entre el 17 y el 25 de octubre que concluyó con el veredicto de culpabilidad del jurado y la imposición para Ana Cristina y Antonio de entre 15 y 25 años para cada uno que debe determinar ahora la magistrada que presidió el juicio, Ana Isabel Morata Escalona, condena que será posiblemente más cercana a los 20 años para cada uno que a la mínima pena.

Del carácter agresivo de la imputada quedó rastro en las conversaciones que mantuvo con su exnovio y con otras personas de su entorno grabadas por la Guardia Civil plagadas de amenazas a sus interlocutores, algunas de esas personas conocedoras de las circunstancias de la desaparición de Jaime.

Paulino: ¿un segundo cadáver en un pantano?

Cuando las pruebas la apuntaron directamente como ejecutara del crimen, Ana Cristina deslizó en una conversación el nombre de otro hombre al que afirmaba haber arrojado a un pantano en Portugal, Paulino, aunque en el juicio manifestó no saber de qué se le hablaba. En sus amenazas públicas a Jaime, incluye ese episodio como muestra de su arrojo y de su falta de escrúpulos para deshacerse de alguien molesto. Incluso, cuando la policía judicial de la Guardia Civil comienza a mover el avispero del entorno de la pareja en Chaves y en Verín, localidades entre las que vivía también el muerto, la ahora condenada llega a pensar que están preguntando por Paulino.

Por el momento, continúan en prisión provisional desde diciembre de 2023, cuando la Guardia Civil logró reconstruir los entresijos del crimen cuya investigación se enredó al coincidir con el confinamiento a causa de la pandemia del COVID en marzo de 2020, que retrasó el cotejo de las pruebas de ADN del cadáver de Jaime hasta junio, cuando la policía de Reino Unido halló en sus bases las coincidencias genéticas con Jaime G., quien había emigrado con su padre a ese país y había regresado a Chaves al jubilarse. En el país anglosajón, quedaría la hija del fallecido.

Esa prueba clave permitió ir deshaciendo el ovillo, seguir el rastro del asesinado cuya desaparición había denunciado la hija pasada la Navidad de 2019, "preocupada", dijo en el juicio, porque su progenitor no le había llamado por teléfono desde el 20 de diciembre de ese año, "ni siquiera para felicitarle las fiestas" cuando "hablábamos por teléfono una vez a la semana, al menos", declaró en el juicio seguido también contra Francisco A.G.S., alias "El Chico", la actual pareja de Ana Cristina y único imputado absuelto por el jurado al entender que nadie pudo probar que colaborara en la preparación del crimen.

De lo que no cabe duda es de que Ana Cristina y Antonio no se conformaron con los 600 euros que pagaba el muerto por la habitación arrendada, aspiraban a engordar su patrimonio con ese dinero de la pensión que Jaime percibía del Reino Unido a donde emigró con su padre siendo joven y los poco más de 200 de la paga de Portugal por los empleos que tuvo en su país natal.

Para conseguir su objetivo, la pareja fue más allá: urdió un plan para matarle y quitarse de en medio del cadáver en un lugar alejado de Chaves y de Verín para que nadie le encontrara. Sin documentación y a más de cien kilómetros de su lugar de residencia, nada podía fallar. Solo tenían que drogar a Jaime, "provocarle somnolencia, anulando así sus posibilidades de defensa", considera probado el jurado por unanimidad en su votación. La intención es "trasladarle en el Renault Laguna de ella que condujo Antonio hasta Pozo Muerto del término municipal de Galende".

"Desvalecimiento total"

Ya en el río Tera, "ataron el cuerpo de Jaime con un saco de cal viva para uso agrícola e introdujeron la parte inferior de su cuerpo junto con el saco en una bolsa. Le taparon con un trozo de cinta americana los ojos y la boca", donde dejaron sus huellas digitales sin percatarse, prueba fundamental que ha servido para condenarles, y le quitan la documentación para "dificultar la identificación si era hallado" por alguien, como así ocurrió el 27 de diciembre de 2019.

Las cuatro mujeres y los cinco hombres elegidos como jurado estuvieron de acuerdo por unanimidad en que, acto seguido, "los acusados lanzaron el cuerpo de Jaime al río con la intención de acabar con su vida". La muerte fue "por inmersión" entre las 7.00 horas del día 23 y el 27 de diciembre a las 7.00 horas.

El veredicto considera probado por siete votos a favor que Jaime, dada su edad y las circunstancias en las que le tiran al río, se encontraba en una situación de "desvalecimiento total". Este será un punto al que se agarrará la defensa de Ana Cristina para recurrir la condena, anunció la abogada al conocer la decisión del jurado.

Cobrar y ocultar

La sentencia de la Audiencia recogerá asimismo que la imputada actuó para "obtener un beneficio patrimonial ilícito", puesto que tras asesinar su inquilino "siguió percibiendo y haciendo suyas en su totalidad las cantidades" de las dos pensiones que eran ingresadas cada mes en la cuenta de una caja de Chaves de la que el fallecido y Ana Cristina eran titulares. Se trata de otro hecho probado por unanimidad del jurado. La mujer consiguió, de ese modo, que no se descubriera el asesinato, al continuar cobrando la pensión, otra agravante de la pena.

Por mayoría de siete votos, dan por válido que el otro implicado, Antonio, "Marineiro", "pensaba hacer suya la pensión de Portugal", quien antes de matar a Jaime estuvo como cotitular en esa cuenta, pero Ana Cristina le propone que se quede con esa paga, como sostuvo la Fiscalía de Zamora, representada por Belén Fernández Vizán.

Por contra, estimaron que no se pudo probar en el juicio que el tercer procesado, Francisco, "El Chico", estuviera en connivencia con los otros dos imputados, ni que les facilitara el saco de cal y la cuerda utilizada. La exculpación se refuerza por que por cinco votos a favor del supuesto estiman probado que "El Chico" estuvo ingresado en un hospital de Oporto entre el 19 y el 30 de diciembre, frente a la tesis que sostiene la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el abogado zamorano Miguel Ángel Martín Anero que solo consideran que existe documentación que acredita la intervención quirúrgica de este procesado que ha sido exculpado del crimen que pedía la complicidad.