La Iglesia valora resarcir al zamorano abusado por un cura por desvelar el caso en su web

La Conferencia Episcopal está llamada a un acto de conciliación para determinar la indemnización por desvelar y difundir en su página web los detalles del caso de un zamorano que fue víctima de abusos sexuales por parte de un religioso en un centro de enseñanza. Esta negociación tendrá lugar en Madrid, donde se denunció también por negligencia al bufete de abogados que confeccionó la relación de abusos de pederastia, ya que la Iglesia pretendía resarcir el daño ético y psicológico a las víctimas.

Pero los detalles terminaron publicados en la web oficial de la Conferencia Episcopal sin el consentimiento de las víctimas, todos ellos ya adultos: figuraba, junto a la identidad de esos estudiantes, los detalles de las agresiones que sufrieron. Se produjo "una brecha de seguridad digital" que el abogado de las víctimas considera una negligencia por parte del bufete que recopiló los casos y que también fue denunciado.

El archivo de la denuncia judicial interpuesta por nueve afectados por el fallo informático ha dado paso a este encuentro entre cargos de la Iglesia y el abogado de las víctimas del cura pederasta en un intento de buscar un acuerdo que satisfaga a las dos partes. Solo esta posibilidad alejaría a los denunciantes de la vía judicial de forma definitiva, dispuestos a interponer una demanda para reclamar acciones por el derecho al honor de estas personas que han visto descubierta su identidad sin haber dado su consentimiento.

La causa civil haría referencia, asimismo, a la reclamación de una indemnización por los daños causados por la "brecha digital" que permitió que "se colaran la identidad de los nueve niños que sufrieron los abusos sexuales del religioso" en esa publicación en Internet con acceso público. El abogado de todos ellos, el zamorano Luis Felipe Gómez Ferrero, hace referencia al artículo 82 de la Ley de Protección de Datos que recoge el "derecho a indemnización y responsabilidad por daños y perjuicios derivados de infracciones" de esta disposición legal. Es decir, "mis clientes tienen derecho a recibir una indemnización de la Conferencia Episcopal y del bufete de abogados por los daños morales que les han causado con la difusión a través de Internet de sus respectivos casos de abuso sexual", una cuestión que se extiende al responsable o encargado del tratamiento de esos datos.

El informe recogido en la web de la Conferencia Episcopal daba a conocer el nombre y apellidos de aquel niño de Zamora, hoy un adulto, junto a los pormenores de la agresión sexual que sufrió por parte del sacerdote cuando era menor de edad. El bufete de abogados de Madrid Cremades y Calvo Sotelo fue el que elaboró el informe por encargo de la Conferencia Episcopal. Se recogían 45 casos con datos personales de las víctimas de pederastia, un documento entregado a la Iglesia en el año 2022 como base para preparar el documento con el que resarcir a los exalumnos de centros religiosos.

Sin embargo, terminaron a en la web de la Conferencia Episcopal, a la vista de quien quisiera consultar, el 22 de diciembre de 2023. Este órgano pretendía elaborar un plan de prevención de riesgos penales con esa documentación y con el objetivo de erradicar la pederastia en la Iglesia en un futuro. En el archivo de la denuncia penal contra la Iglesia y el bufete, el juez considera que existe un acto de negligencia, sí, pero no de un delito por lo que no cabía abrir una procedimiento judicial por esta vía.

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