El juez incoa diligencias por la denuncia penal de las paradas de tren de Zamora

La Fiscalía deberá emitir informe sobre la existencia de algún tipo de delito

Ana Morillo, de Viriatos, muestra el texto de la denuncia

Ana Morillo, de Viriatos, muestra el texto de la denuncia / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El Juzgado número 5 de Zamora ha admitido a trámite la denuncia penal presentada por varias entidades contra responsables de Renfe, Adif y el Ministerio por la supresión de paradas de tren en Sanabria, ha incoado diligencias y solicitado un informe del fiscal sobre el asunto, informó la abogada de al acusación, Pilar Calvo.

El movimiento judicial es independiente de la adopción de medidas cautelares, rechazadas inicialmente por el juez debido a la falta del documento o acto administrativo donde figura la supresión de paradas y una posible competencia fuera de la provincia, al desarrollarse los hechos en Madrid. Este rechazo de las medidas cautelares ha sido recurrido también por la acusación.

La querella ha sido formulada por Unión del Pueblo Leonés, Asociación Viriatos de Zamora, la Asociación de Ganaderos Libres de Zamora y la Asociación Terra Sostenible frente a los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano y Abel Caballero, el alcalde de Vigo, los tres primeros como autores de la eliminación de paradas y el segundo como instigador.

El auto judicial acuerda incoar diligencias previas al observar la posible existencia de un delito sin especificar, trasladando así el proceso a manos de la Fiscalía.

Este nuevo auto judicial implica un avance significativo para los denunciantes, ya que, a diferencia de la desestimación inicial de su recurso de reforma del 12 de julio de 2025 (relacionado con la medida cautelar), el juzgado ahora sí considera que existen elementos suficientes para iniciar una investigación judicial más profunda. La Fiscalía será la encargada de determinar la naturaleza exacta del presunto delito y las responsabilidades.

"Estamos satisfechos con este auto, que confirma lo que veníamos denunciando: la supresión de estos servicios de AVE va más allá de una decisión administrativa y podría constituir un ilícito penal", han manifestado los representantes de las organizaciones. "Es una victoria inicial para los ciudadanos de Sanabria y la comarca, que ven cómo la justicia toma en serio la gravedad del abandono de un servicio público esencial".

Las organizaciones denunciantes recuerdan que la eliminación de las paradas del AVE de las 8.46 y 9.35 de la mañana (salida desde Otero de Sanabria) y la llegada de las 8.15 horas, supone un grave perjuicio para el acceso a servicios tan fundamentales como la sanidad y la educación en la comarca. Subrayan que la línea de AVE Madrid-Velocidad Española entre Madrid y Zamora, y desde diciembre de 2022, está declarado como Obligación de Servicio Público (OSP), lo que implica una garantía de servicio que, aseguran, Renfe no está cumpliendo, a pesar de recibir compensaciones millonarias del Gobierno.

Los colectivos confían en que la intervención de la Fiscalía y las diligencias previas sirvan para esclarecer los hechos y obliguen a Renfe y Adif a restablecer de inmediato los servicios suprimidos en Otero de Sanabria, garantizando así los derechos fundamentales de los ciudadanos de la comarca y la continuidad de unos servicios públicos indispensables.

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