La Junta defenderá la fiscalidad diferenciada de Zamora con ayudas similares a Soria

Hacienda mantiene la reivindicación ante el Gobierno, junto con la oposición a los acuerdos bilaterales de financiación con Cataluña

Manifestación por la fiscalidad diferenciada, hace un año. | J.L. Fernñández

Manifestación por la fiscalidad diferenciada, hace un año. | J.L. Fernñández / Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, han exigido al Gobierno las ayudas al funcionamiento para Zamora, al igual que para Soria y que esta fiscalidad diferenciada alcance su máxima intensidad. Es uno de los aspectos destacados del resumen del año en la Consejería elaborado por la agencia Ical.

Se trata de negociar con la Unión Europea la inclusión de criterios como la pérdida de población para equiparar las ayudas al funcionamiento de las empresas que ya tienen concedidas las provincias con una densidad de población inferior a 12 habitantes por kilómetro cuadrado, como Soria, Cuenca y Teruel. La Junta quiere extender estas ayudas a otros territorios donde se cumplan los requisitos de especiales problemas de despoblación.

El pacto de gobierno entre el PSOE y ERC para condonar el 20% de la deuda a Cataluña se convierte en la punta de lanza de la reforma pergeñada por el Ministerio de Hacienda, del sistema de financiación autonómica, lo que hace saltar todas las alarmas en la Junta en la defensa de los intereses de Castilla y León.

Carriedo sale muy preocupado del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 11 de diciembre para repartir los objetivos de déficit entre las autonomías: "Nuestro objetivo es garantizar la igualdad entre todos los españoles".

La Junta insiste en la necesidad de contar con un nuevo modelo, que tenga en cuenta factores como la dispersión geográfica amén del envejecimiento poblacional, ya que el actual lleva caducado desde 2014 y no cubre ni el gasto de los servicios básicos esenciales.

Tras las elecciones generales la comunidad lucha de nuevo contra la bilateralidad en las negociaciones y pide la convocatoria del foro común, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Quita de la deuda

El nuevo Gobierno garantiza que la quita se extenderá a todas las autonomías, y con la fórmula que establece, los técnicos de Hacienda calculan que Castilla y León se beneficiaría de 2.612 millones, frente a los 15.000 millones de Cataluña.

El tema protagoniza también la intervención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 3 de octubre, en el debate sobre el estado de la comunidad, donde ofrece tres pactos, uno de ellos sobre financiación autonómica. El PSOE se aleja de cualquier acuerdo.

El jefe del Ejecutivo regional acude también al Senado el 19 de octubre, con otros barones del PP, y advierte de que la comunidad acudirá a la vía judicial si existe una condonación de la deuda para algunos o si se dan "favoritismos" en la financiación autonómica porque eso supone un "agravio".

El 2 de noviembre, Mañueco anuncia que judicializará la condonación de 15.000 millones a Cataluña, y el 4 de noviembre, se celebra un Consejo de Gobierno extraordinario para establecer medidas contra el acuerdo, ya que se autoriza al consejero de la Presidencia a acudir al TC, la Audiencia y el TS para parar la amnistía así como la condonación.

Infrafinanciación

Un informe de noviembre del Consejo de Cuentas revela que Castilla y León tiene una infrafinanciación anual de 395 millones de euros y de 158 euros por habitante, lo que supone un déficit acumulado de 5.137 millones en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica entre 2009-2021. Un promedio del 6% del gasto social no está cubierto.

En febrero las Cortes ponen en marcha las medidas tributarias de la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Mañueco defiende su apuesta por rebajar la presión fiscal a los ciudadanos y remarca que en IRPF se aborda la campaña con "la fiscalidad más baja de la historia", con 20 deducciones y un ahorro previsto de 120 millones.

Mañueco y Carriedo exigen una y otra vez a lo largo del año las ayudas al funcionamiento para Zamora, al igual que para Soria y que esta fiscalidad diferenciada alcance su máxima intensidad.

A nivel presupuestario, Castilla y León hace sus deberes, pero decide no tramitar las cuentas de 2024, a la espera de los datos de los presupuestos estatales, el objetivo de déficit, las entregas a cuenta y la liquidación del modelo de 2022, que se conocen en el CPFF del 11 de diciembre (9.334 millones, una cifra récord), para tener "certeza" y ajustar al máximo las cifras. En cuanto se conocen, se inicia la tramitación y se remite al CES, la ley de acompañamiento con tres nuevas rebajas fiscales.