La Diputación de Zamora aprueba sin consenso el nuevo expediente de la ayuda a domicilio

La oposición acusa al equipo de Gobierno de incluir este contrato en el orden del día sin avisar y Javier Faúndez entona el "mea culpa"

Miguel Alejo, Laura Rivera y Francisco José Requejo durante el Pleno celebrado ayer en la Diputación.

Miguel Alejo, Laura Rivera y Francisco José Requejo durante el Pleno celebrado ayer en la Diputación. / Emilio Fraile

Luis Garrido

Luis Garrido

La aprobación del expediente para el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio en la provincia de Zamora ha propiciado la primera gran bronca del mandato de Javier Faúndez. La oposición ha sido clara al respecto: este punto se incluyó en el orden del día con nocturnidad y alevosía. Un extremo que no ha sido negado por el equipo de Gobierno que, si bien se ha disculpado por no avisar de su entrada en el Pleno, también ha recordado que la maniobra ha sido perfectamente legal. Pese a la confrontación, los trece votos favorables del Partido Popular han bastado para sacar adelante el documento e iniciar el procedimiento de uno de los grandes contratos que la Diputación tiene entre manos. Nada menos que nueve millones de euros al año para contribuir a que los mayores puedan seguir viviendo en sus hogares.

La sorpresa de los grupos de oposición ha sido máxima cuando se han enterado de que el equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora había incluido en el orden del día un punto para la aprobación, si procediera, del expediente para el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio. Ocurrió de la noche a la mañana, como así ha denunciado la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera. "No somos superdiputados con superpoderes para leer, analizar y opinar sobre un expediente que ha entrado con nocturnidad y alevosía, permítaseme la expresión", ha señalado la concejala del Ayuntamiento de Zamora. "La ayuda a domicilio no es un tema menor; estamos hablando de una cuestión muy importante desde el punto de vista social y de uno de los mayores contratos de la institución, con una partida de nueve millones de euros al año", ha añadido. "Por eso, para verlo con tiempo y no precipitarnos, pedimos que el expediente quede encima de la mesa; que sea por una cuestión puramente democrática", ha comentado.

Luciano Huerga, portavoz del Partido Socialista, ha tomado el testigo para denunciar la misma situación. "Así no. Esto no son formas y quiero creer que no va a volver a ocurrir, porque no es de recibo no tener ningún tipo de aviso de que se incluye este punto después de la Junta de Portavoces que hemos celebrado un día antes", ha señalado. "Es algo que no puede ser en plena época de la plataforma Gestiona, de los teléfonos móviles, los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos y de la sociedad de la información", ha ahondado el concejal del Ayuntamiento de Benavente. "Al igual que Izquierda Unida, pedimos que se aplace la discusión en la próxima sesión; hay tiempo, el servicio está cubierto hasta final de año", ha solicitado el representante socialista.

Pese a las peticiones de la oposición, el equipo de Gobierno se ha mostrado firme en su decisión de continuar con el punto del orden del día. La responsable del área de Política Social, Familia e Igualdad, Amaranta Ratón, ha asegurado que la inclusión de este expediente "tiene la justificación clara de la urgencia de los plazos". Al respecto, ha explicado que el documento "tiene que aprobarse antes del 1 de septiembre porque el plazo que existe es de tres meses y no cabe ningún tipo de demora". El presidente, Javier Faúndez, se ha mostrado más conciliador y ha defendido que "no es plato de gusto traer un expediente de esta manera", pero ha aludido también al condicionante de la urgencia de los plazos. "No se pudo advertir en la Junta de Portavoces porque no teníamos constancia. Si no hubiera habido causas poderosas, no hubiéramos utilizado este tipo de procedimiento, así que entonamos el mea culpa y decimos que no será lo habitual, aunque el cauce es perfectamente legal", ha apuntado el mandatario.

Víctor López de la Parte, Javier Faúndez y Ramiro Silva. |     Emilio Fraile

Víctor López de la Parte, Javier Faúndez y Ramiro Silva. | Emilio Fraile / Luis Garrido

Un servicio de nueve millones al año para atender a 2.500 personas

El nuevo pliego de la ayuda a domicilio saldrá a contratación por un valor aproximado de nueve millones de euros al año. Esto se traduce en 18 millones durante los dos años de duración del contrato, o en 36 millones si se hace uso de las dos prórrogas que se permitirán. El expediente aprobado en la jornada de ayer por el Pleno de la Diputación Provincial de Zamora incluye la subrogación de las más de 400 trabajadoras que prestan asistencia a más de 2.500 personas alrededor del territorio. No obstante, como así ha denunciado Izquierda Unida, no se ha estipulado en las condiciones una de las demandas históricas de estas auxiliares, que es computar los desplazamientos como tiempo efectivo de trabajo. Amaranta Ratón, responsable del área, ha defendido que se ha ampliado el número de horas para mejorar la prestación del servicio, aunque desde la oposición lo han negado de una forma absolutamente categórica. El contrato para el servicio de ayuda a domicilio, sea como fuere, ha echado a andar nuevamente para poder estar listo antes de que termine el año y evitar perjuicios a los usuarios.

El futuro del parque tecnológico de la silver economy se conocerá a finales de este mes

El futuro de la silver economy preocupa en el seno de la Corporación de la Diputación Provincial después de la salida de la Presidencia de Francisco José Requejo, el que fuera su principal valedor. El grupo de Izquierda Unida ha lanzado al nuevo mandatario, Javier Faúndez, una batería de preguntas para conocer en qué situación quedarán proyectos estratégicos bajo su gestión. Cuestiones cuya respuesta no ha eludido el máximo responsable de la Encarnación, quien ha asegurado que mantendrá el interés en los cuidados, aunque con cambios significativos. "No renunciamos a ser un referente en la silver economy, pero lo que vamos a hacer es rodearnos de otras instituciones y empresas que puedan aportar valor añadido a los proyectos y, principalmente, financiación", ha manifestado. "Lo que no queremos, en ningún caso, es cargar la financiación a la espalda de los ayuntamientos, ni tampoco dejar que la gente que se ha empezado a beneficiar de algunas iniciativas se quede en tierra de nadie", ha expresado. "Tenemos una serie de proyectos que están siendo financiados por fondos de la Unión Europea y que tienen fecha de caducidad, así que lo que haremos será hablar con la Junta de Castilla y León para que los integre en planes de similares características a esta experiencia piloto", ha añadido Javier Faúndez.

Otra de las dudas de Izquierda Unida tiene que ver con lo que ocurrirá con el parque tecnológico que Francisco José Requejo comenzó a preparar en la Aldehuela y en el que se ha invertido más de un millón de euros. "Estamos trabajando en darle una solución que presentaremos a finales de este mes o principios del que viene", ha dejado en el aire el presidente de la institución provincial.