La rendición de cuentas ante los ciudadanos y frente a los organismos de control del Congreso y del Senado obligan a los parlamentarios nacionales a facilitar bastante información sobre sus nóminas, sus ahorros, sus propiedades y, ahora también, acerca de sus intereses económicos. Por primera vez, los miembros de ambas cámaras se han visto instados a reflejar su actividad laboral de los cinco años previos a la obtención del escaño en un documento en el que también deben informar sobre los colectivos, asociaciones u organismos con los que colaboran económicamente.
La idea es que los parlamentarios revelen esta información para controlar que no se produzcan conflictos de interés en el ejercicio de su actividad como miembros de las cámaras. Por tanto, sus señorías también han tenido que mostrar al público si han recibido algún tipo de donación, obsequio o beneficio en los cinco años previos a la toma de posesión de su cargo en el arranque de la legislatura.
En lo que respecta a Zamora, la provincia cuenta con siete parlamentarios nacionales, cuatro senadores y tres diputados. Cuatro de ellos son del Partido Popular, dos del PSOE y otro de Vox. Los siete han cumplido con la exigencia de sus respectivas cámaras y han facilitado esta información en aras de dar otro paso en transparencia.
Por un lado, entre los diputados nacionales, la representante popular, Elvira Velasco, ha dado cuenta de su actividad laboral como funcionaria vinculada al sector de la sanidad. Concretamente, en el ejercicio de su profesión como enfermera, y en el gabinete de la ministra del ramo cuando el PP aún gobernaba el país. Además, la parlamentaria zamorana ha comunicado la aportación de 100 euros anuales que realizó a la fundación Concordia y Libertad.
Por su parte, el socialista Antidio Fagúndez ha explicado que trabajó como ingeniero y como responsable político en el último lustro, y que realizó donaciones a Cruz Roja ya en la pandemia, más allá de su cuota de afiliado al PSOE. Distinto es el caso de Pedro Requejo Novoa, que en línea con el resto de los representantes de VOX, se limitó a decir que ninguna de las actividades realizadas condiciona el ejercicio de su tarea en la Cámara Baja.
En cuanto a los senadores, Fernando Martínez Maíllo ha hecho público que paga 250 euros mensuales en concepto de cuotas de partido, 150 al nacional y otros 100 al provincial. Su compañero José María Barrios también ha mencionado esta ayuda a la organización, aunque sin aclarar las cantidades, mientras que Mayte Martín Pozo ha hecho lo propio, y también ha señalado que colabora con entidades sin ánimo de lucro, como Cruz Roja y la asociación Alba, que financia un proyecto de apoyo a los niños desfavorecidos en Bolivia.
Finalmente, el senador socialista, José Fernández, ha recordado su trabajo en los últimos años como alcalde de Puebla de Sanabria, más allá de la actividad parlamentaria, y ha informado sobre el pago de la cuota del PSOE, así como acerca de la colaboración “puntual” con la Fundación Carlos III.
