En la madrugada del 7 de agosto de 1936, un pelotón de guardias civiles fusilaba en el Cuartel de Infantería Viriato de Zamora a Antonio Pertejo y a Manuel Antón. Días antes, ambos fueron sometidos al primer Consejo de Guerra sumarísimo celebrado en la provincia tras el golpe de Estado. Con un juicio catalogado de “farsa”, como prácticamente todos los del franquismo, estos dos ciudadanos fueron condenados por distribución de “hojas clandestinas” en las que “se llamaba a la resistencia”. Detrás de todo aquello, se escondía nada menos que el liderazgo en el Partido Comunista y la Casa del Pueblo. Su causa fue defendida por Teodoro Arredonda, comandante de Infantería, golpista y, a la postre, el primer alcalde del denominado “Movimiento”. A día de hoy, la ciudad de Zamora ha retirado las distinciones a Arredonda y colocará una calle en honor a Pertejo, cuyo juicio y sentencia tendrán, además, la catalogación de “ilegítimos”.
La nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto ha sido recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, pretende dar protagonismo y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Un texto que, entre otras cuestiones, declara el carácter “nulo” de todas las sanciones y condenas dictadas durante ese periodo por los órganos de represión franquista, “que asimismo se declaran ilegítimas”, según reza el texto que aún deberá pasar por un laborioso proceso administrativo. El anuncio del Gobierno ha provocado regocijo y desconcierto a partes iguales. Por un lado, para algunos, siempre resulta positivo avanzar en cuestiones de dignidad. Por el otro, para no pocos, este documento se queda muy corto y podría generar falsas expectativas.
Hay que acudir al Archivo Intermedio Militar Noroeste para encontrar una aproximación del alcance de la declaración de ilegitimidad de los procesos en la provincia de Zamora. Allí se custodia, y está permitida su consulta, el listado de procedimientos judiciales incoados por la justicia militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista bajo la responsabilidad del Tribunal Militar Cuarto. Según este registro, se produjeron en el territorio más de 2.800 causas. Pero la cifra puede estar muy lejos de la realidad. Lo explica Eduardo Martín, presidente del Foro por la Memoria de Zamora. “Lo que se conserva en el Archivo Militar Intermedio de Ferrol es una parte de la represión, pero existe otra parte importante no judicializada y para la que es difícil encontrar el acceso”, detalla este investigador.
Relata el historiador Miguel Ángel Mateos en su tercer tomo de “Historia de Zamora” el proceso que el franquismo seguía de manera habitual para los represaliados. “A los juzgados, condenados y ejecutados por Consejo de Guerra se les aplicaban los formularios y se respetaban los tiempos procesales sumarísimos. Se les fusilaba al amanecer en el patio del Cuartel Viriato. Y cuántos condenados por los Tribunales de Guerra a treinta, veinte y aún menos años regresaban a prisión para ser ‘paseados’ días después”. El relato coincide con las investigaciones de los memorialistas. Hasta donde han podido llegar, claro. “Hablamos de casos masivos en los que se interrumpía el proceso judicial y era el propio Gobierno Civil el que ordenaba, para condenados a penas menores, su ejecución”, explica Martín. “Se hacía bajo la apariencia de un traslado. Los militares decían que habían intentado escapar y que por eso los habían matado. Otras veces, directamente, figuran en los registros como “hallados muertos”, añade.
El Foro por la Memoria lleva años tratando de descubrir hasta dónde llegó la represión franquista en la provincia de Zamora. En la actualidad, sus miembros han rastreado dos tercios del territorio y han localizado 1.540 víctimas. “Y, de todas ellas, solo un centenar fueron ejecutadas en cumplimiento de sentencias de Consejo de Guerra”, aclara. Esto quiere decir, a su juicio, que el anteproyecto del Gobierno se ha quedado corto. “Los procesos de la mayoría de estas 1.500 víctimas fueron supervisados, en su momento, por la Guardia Civil. Esos archivos, no son accesibles para la investigación”, indica. Tampoco existe libre acceso a los expedientes de declaración de fallecimiento o desaparición tramitados por los Juzgados de Instrucción, cuya consulta está controlada por la Audiencia Provincial. Y mejor no hablar de los fondos municipales. “Muchas veces, cuando acudes a un pueblo para preguntar por los registros de 1936, te dicen que los han destruido”, lamenta Martín.
LOS DATOS
“Hallado muerto”, ese macabro eufemismo. El libro de registros del cementerio municipal de San Atilano repite, desde el verano de 1936, un macabro eufemismo para tapar la represión sin juicio. Se cuentan por decenas los cadáveres de personas que llegaron al camposanto y en cuyos partes de defunción se les aplica la fórmula “hallado muerto”.
Ejecuciones “masivas” en apariencia de traslados. La mayoría de estos asesinatos parten de una orden del propio Gobierno Civil, que ordena ejecuciones “masivas” bajo la apariencia de traslados, según afirman los memorialistas.
Tampoco convence en el movimiento memorialista el objetivo marcado por el Gobierno para recuperar, en un horizonte de cuatro años, los cadáveres enterrados en las fosas comunes. En junio del año 2009 se abrieron en Santa Marta de Tera las primeras dos fosas del franquismo exhumadas en la provincia de Zamora para localizar a “los cuatro de Destriana”, hombres detenidos mientras trabajaban el 22 de agosto de 1936 y posteriormente fusilados. Desde entonces, apenas se han podido exhumar siete u ocho fosas más. “Sabemos que existen muchas en muchos municipios, pero nos resulta imposible localizarlas”, analiza Eduardo Martín. A juicio del Foro, los incumplimientos en materia de conservación de fosas son flagrantes. Se mueven, se destruyen, se producen traslados… Premisas incompatibles con una quirúrgica investigación.
La reclamación, en el caso de las fosas, es que el Estado proceda a su judicialización. “Ahora mismo, estas intervenciones se tratan como si fuera patrimonio cultural o una excavación arqueológica y no es así. Debe estar presente una autoridad judicial y hay que proceder a investigar, porque hablamos de crímenes contra la humanidad y no de recuperación de neandertales o restos visigodos”, denuncia el portavoz del Foro por la Memoria Histórica de Zamora.
Aunque, en realidad, la judicialización pasa por todas y cada una de las peticiones expresas que los memorialistas trasladan al Gobierno. Judicialización para investigar y exhumar las fosas, judicialización para investigar los crímenes de guerra de acuerdo al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, judicialización y resarcimiento de los bienes incautados y declaración de ilegalidad –no de ilegitimidad– tanto para el régimen como para sus instituciones y ordenamiento jurídico, lo que conllevaría, de facto, la ilegalización de todos los procedimientos judiciales abiertos durante esta etapa.
