Más de medio centenar de establecimientos hosteleros de la provincia tendrá que abonar casi 30.000 euros a la Federación de Fútbol para resarcirla de las pérdidas que sufrió con el "pirateo" de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional. Los industriales procesados por el Juzgado número 3 de Zamora han logrado sortear una condena por estafa por la instalación de decodificadores con los que accedían a las retransmisiones de los partidos sin pago previo, un método considerado ilegal. Con tal argucia, los hosteleros sorteaban la obligación de comprar por 300 euros al mes el paquete de la Liga.

Las negociaciones llevadas a cabo por los abogados de los industriales y de la Federación han logrado que la organización retire la acusación por estafa, que habría implicado una multa de miles de euros, según las fuentes judiciales consultadas. Los empresarios solo tendrán que dar cuenta de un delito leve.

La Federación, ante la práctica extendida entre industriales de recurrir a decodificadores, decidió cortar por lo sano: vigilar a los hosteleros. Y que mejor que contratar detectives. La medida permitió pillar in fraganti a quienes se habían decantado por ofrecer los partidos de fútbol sin tener que pagar un euro más allá del coste del aparatito que les abriría el acceso a las imágenes, es decir, 150 euros. La organización de Fútbol distribuyó detectives privados por todo el país, auténticos rastreadores que han jugado un papel esencial en los procedimientos judiciales abiertos, decenas en Zamora, pero más de 2.000 en Madrid, por ejemplo.

Los profesionales acudían a los establecimientos cuando había partidos de la Liga y, camuflados como un cliente más, mientras tomaban una consumición observaban si en la pantalla del televisor se podía ver el logotipo que distintivo del abonado: una "b" pequeñita en una esquina.

Mientras el dueño del bar y los forofos del deporte rey disfrutaban del pertinente partido, ajenos al nuevo parroquiano que se acomodaba en la barra o en una mesa próxima al televisor, este se recreaba en su pericia para pasar desapercibido y, móvil, iba tomando disimuladamente fotografías de aquellas pantallas libres de la "b" para documentar su investigación. En Zamora, el detective rastreó cuanto establecimiento hostelero se le puso por delante, tanto en la capital como en la provincia. El resultado de su esfuerzo no fue baldío: localizó más de medio centenar de infractores, de los que se llevó su ubicación y las pruebas del delito. Y los denunciados pueden darse con un canto en los dientes por las bajas cantidades a pagar: las multas son de 500 euros porque se contabilizan en función del tiempo transcurrido desde que el detective entregó las pruebas del delito, y la Federación denunció, hasta que la policía acudió al establecimiento para precintar o retirar el decodificador.