La Plataforma de Estudiantes de las Escuelas de Idiomas han iniciado una campaña ante el silencio administrativo por parte de la Junta de Castilla y León ante su reivindicación de tener “una certificación justa”. Lo que quieren evitar es un trato discriminatorio con respecto a escuelas de idiomas de otras comunidades, “que, ante la excepcionalidad del presente curso, han considerado el apto de la promoción como equivalente a la certificación, como el caso de Cataluña o, en lugares como Navarra, País Vasco, Murcia y Madrid adaptaron los exámenes a la situación y pudieron examinarse en convocatorias oficiales y certificara”, comparan. Por eso subrayan que “el agravio comparativo, tanto entre enseñanzas como entre comunidades, es más que evidente”.

Fue a finales del pasado año cuando cambiaron los criterios de certificación pasando de un 6 a un 6,5 la nota necesaria para poder optar a la certificación. Además, desde la administración regional se dictaminó que debían hacerse de manera presencial los exámenes de certificación. Sin embargo, la pandemia hizo que estos alumnos se quedaran sin sus clases habituales y sin la posibilidad de enseñanza online. “Algunos profesores mandaban tareas, pero poco más”, aseguran desde la plataforma.

Aunque las circunstancias han cambiado la forma de enseñar en otros ámbitos educativos, no ha ocurrido lo mismo en el caso de las escuelas de idiomas y la Junta de Castilla y León “se niega a que los exámenes de certificación, que dan la posibilidad de tener el título que acredita los conocimientos adquiridos y el nivel que se tiene en un idioma, se puedan hacer de manera excepcional online”, lamenta la plataforma.

Ante ese silencio administrativo por parte de la administración, la plataforma ha decidido dar este paso de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para lo que cuentan con el asesoramiento tanto de un abogado como de un procurador.

En estos días, el colectivo, a través de la plataforma GoFundMe y bajo el lema “Derecho a certificar en igualdad de condiciones”, pretende recaudar los fondos necesarios para iniciar este procedimiento contencioso administrativo, que ascienden a 2.300 euros. Por ello instan a los afectados a unirse a la causa, con una aportación mínima de cinco euros.

“Es necesaria la implicación de todos los alumnos, ya que con una pequeña aportación llegaremos al objetivo fijado para poder hacer frente a los gastos que se generan en este tipo de procedimientos”, razonan. De no alcanzar ese objetivo en el tiempo fijado —este próximo domingo—, se procederá a la devolución del dinero. También se comprometen a que, una vez resuelto el procedimiento judicial y sufragados los gastos, donarán el saldo restante a la Asociación Española Contra el Cáncer.