El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha avalado el Ingreso Mínimo Vital aprobado recientemente por el Gobierno de España como una prestación "suelo" que ayudará a que la Renta Garantizada de Ciudadanía -la prestación homóloga autonómica- se centre en las "peculiaridades" de la comunidad. Así lo ha expresado Amilivia este jueves en la presentación en las Cortes ante la comisión de Economía y Hacienda del informe de fiscalización operativa de la renta garantizada de ciudadanía correspondientes al año 2015, donde ha expuesto la situación de estas ayudas y ha remitido a la Cámara cuarenta propuestas para su mejora.
Como ha explicado el presidente del Consejo de Cuentas, el gasto total en la prestación ascendió en 2015 a 73 millones de euros, el 9 por ciento del total de la Gerencia de Servicios Sociales. Más de la mitad del gasto se realizó en las provincias de León y Valladolid, el 25% en cada una, seguida de Salamanca con el 13%, mientras que en Burgos solamente supone el 7%. Los menores porcentajes recaen en Segovia y Soria con el 4% y 2%, respectivamente. Así, Amilivia ha destacado que el gasto en la renta garantizada de ciudadanía ha experimentado un crecimiento del 163% desde su entrada en vigor en 2011, cuando el gasto representó 28 millones de euros, que en 2016 se elevó en 3 millones.
