El juez de Menores decide en los próximos días el traslado e ingreso en la prisión de Topas del joven que asesinó y violó siendo adolescente a Leticia Rosino Andrés, tabaresa de 32 años, en Castrogonzalo el 3 de mayo de 2018. El cumplimiento de la mayoría de edad en marzo pasado del condenado a ocho años de prisión y cinco de libertad vigilada otorga al juez de potestad para decidir si un asesino adolescente, como es el caso de D.A.A, debe abandonar el Centro Especial de Menores, en este caso Zambrana, y cumplir los seis años que le restan en libertad condicional o si debe ingresar en la cárcel de adultos para terminar de cumplir la condena en el centro penitenciario de adultos.
El magistrado ha solicitado ya informes sobre el comportamiento del D.A.A. en Zambrana, sobre su conducta, si es reinsertable o no en la sociedad; así como a la Fiscalía Provincial, al abogado de la familia de la joven y del propio condenado. Esos documentos serán decisivos para que el magistrado tome una decisión al respecto, aunque todos los indicios apuntan a que, recién cumplidos los 18 años, acabará en la macroprisión de Topas por la gravedad de los hechos que protagonizó con plena consciencia y sin un ápice de empatía con la víctima, vecina de Castrogonzalo, pueblo natal del joven, a la que abordó por la espalda tras arrojarla una piedra que provocó su desplome.
El entonces adolescente de 16 años actuó en plenas facultades mentales, "con su capacidad volitiva y su capacidad cognitiva intacta", con un temple frío y calculador, sin mostrar ningún signo de empatía hacia la joven tabaresa, afirmaron los forenses en el juicio a puerta cerrada celebrado en noviembre de 2018, en el que reconoció los hechos sin mostrar signos de arrepentimiento aunque tomó la palabra para pedir perdón, según pudo saber en su día LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Los rasgos de la personalidad descritos por los dos médicos forenses en la vista oral, explican la brutal agresión a la joven Leticia Rosino por la que se le impuso la máxima pena que la Ley del Menor prevé: una condena a 8 años de internamiento en centro de menores (y posible ingreso en la prisión para terminar la condena una vez cumplidos los 18 años) y 5 de libertad vigilada. El joven no podrá aproximarse a Castrogonzalo ni al municipio de Tábara durante el tiempo en el que esté cumpliendo la libertad vigilada.
