La firma del acuerdo histórico entre las principales fuerzas políticas de Castilla y León para la reconstrucción de la Comunidad este pasado miércoles queda marcado en el calendario como el arranque de una tarea que se augura ingente y que necesitará una dotación económica, cuantificada en algunas de las partidas que figuran en los 86 puntos del documento, que depende, a su vez de los acuerdos en Europa y en el Parlamento Nacional.

Es cierto que Bruselas ha dado pasos notables hacia adelante, aunque es de prever que, con las reticencias de los países del Norte, si no los hombres de negro, sí que habrá exigencias para reconducir el enorme déficit y deuda que arrastra España desde antes de la crisis de 2010. En el Congreso, los tímidos avances hacia el entendimiento entre los partidos principales de Gobierno y oposición se hacen añicos cada vez que sus señorías hacen gala de una verborrea que solo conduce a la desesperación, alguien debiera advertir a unos y a otros que la dolorosa factura de las decenas de miles de muertos y vidas truncadas impide considerar épica alguna en intervenciones estériles, mientras contemplamos como se desploma la economía de los hogares.

Los trabajadores, los autónomos, las empresas, siguen llamando a la unidad, como lo hicieron en el primer foro de grandes empresarios esta misma semana. Y por ello es aún más reseñable y meritoria la capacidad de entendimiento exhibida por el arco parlamentario de la región en su mayoría. Todos sus representantes políticos señalaron hacia Madrid para que "tomaran nota" de cómo se construye, lo que implica negociar y ceder por todas las partes implicadas. Y es que, sin que ese entendimiento llegue en el Parlamento nacional, ese "pacto de la concordia" con el que pretende arrancar la región hacia una nueva era, será poco menos que estéril.

La apuesta por la inversión pública para reforzar y reformar la sanidad pública, los servicios sociales y estimular el empleo se enfrenta a las tensiones que han comenzado ya en el reparto de los 16.000 millones de euros del fondo COVID, que Castilla y León juzga insuficientes, además de reiterar la Junta el desacuerdo con los criterios empleados finalmente por Moncloa. El Gobierno autonómico manifiesta su lealtad al Ejecutivo central, pero señala algunas de las cuestiones más espinosas: la financiación autonómica, un melón sin abrir mientras los agravios entre comunidades se recrudecen en medio de un escenario electoral en Galicia y País Vasco, además del conflicto catalán. Pero también se suma la próxima negociación de la Política Agraria Común (PAC), cuya cuantía Europa pretende rebajar, lo que puede resultar letal para el campo que sostiene gran parte del PIB de la provincia de Zamora y de la Comunidad Autónoma. Parte de lo que Europa da por un lado, lo niega por otro a un campo necesitado como nunca de inversión y modernización.

Para la situación de Zamora, ese plan regional, que contiene el compromiso de la digitalización completa del mundo rural, de la ayuda al sector primario al que se reconoce como estratégico en la economía, se dibuja como salida de una situación que cada día se agrava más. La crisis del COVID-19 ya ha dejado a un 15% de los hogares zamoranos al borde de la pobreza extrema y los expertos vaticinan que la situación empeorará en los próximos meses. Ninguno de los datos de población ni económicos auguran una Zamora al margen de la caída en picado de la economía española en general. Cabe reiterar que esa situación de vulnerabilidad no es nueva. Por eso sorprende, una vez más, que se hagan públicas las cuentas de un instrumento establecido en la Constitución para paliar desequilibrios, los Fondos de Compensación Interterritorial, y la provincia repita y ensanche su condición de cenicienta pese a que sus datos de población y empleo la harían acreedora a esas ayudas que salen cada año de los Presupuestos Generales del Estado.

La aportación en 2019 subió hasta los 19,3 millones de euros para toda Castilla y León. Y, una vez más, provincias con mejores marcadores copan las inversiones: Salamanca y Valladolid suman casi el 76% de los fondos invertidos frente a Zamora que se lleva el 0,07%. En una primera lectura la lógica indica que existe una clara discriminación y que el fin para el que fueron creados los fondos, la corrección de los desequilibrios entre territorios, no se cumple. Puede abundarse más allá: que la distribución necesita una reestructura desde el origen mismo; que fallan los criterios y hasta a qué se destinan. Porque en el caso de Castilla y León, el gasto no se corresponde con proyectos sino con subprogramas de cada Consejería que pueden destinarse para casos de inversiones y de funcionamiento interno.

Expuesto el problema, y como se dice que las crisis son también oportunidades de cambio, lo deseable sería que el espíritu del Pacto de la Concordia se extienda a otros ámbitos como este Fondo que servirá para otras cosas, pero está visto que es inoperante como corrector de desigualdades. Es de esperar que, a medida que se avance en el documento, se mantenga no solo el clima de acuerdo, sino la transparencia. Porque será una oportunidad única para comprobar si esa altura de miras de la que han hecho gala los políticos regionales esta semana toma cuerpo real, más allá de la rúbrica sobre el papel.