El Grupo Popular ha presentado en el Senado una Proposición de Ley que modifica el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuyo objetivo es cambiar los requisitos exigidos para la clasificación o progresión al tercer grado para las personas condenadas por delitos de terrorismo.

En la defensa de la PL, ha intervenido Fernando Martínez-Maillo, quién ha recordado que, para el pase al tercer grado de condenados por delitos de terrorismo, según el Código Penal, el condenado debe mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas; haber colaborado activamente con las autoridades para impedir otros delitos; repudiar sus actividades delictivas, abandonar la violencia y estar desvinculado de la organización terrorista.

Para el portavoz de Interior del GPP, la redacción de este artículo está dando lugar a interpretar la expresión “autoridades”, como “un coladero por donde un gobierno, necesitado de apoyos políticamente legítimos, pero éticamente reprochables, concede privilegios a etarras condenados por delitos graves”.

“Esta reforma —ha afirmado Maíllo— no debería realizarse si tuviéramos un gobierno que transitara por la decencia y la ética democráticas, y no se dejara apoyar por aquellos que siguen sin condenar los asesinatos de la banda terrorista”.

Según el portavoz popular, “la decisión política de este gobierno es el acercamiento masivo de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.